1.607 presos salieron bajo la figura del arresto domiciliario desde el 17 de marzo.

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De las 57 cárceles bonaerenses, que dependen del ministerio de Justicia provincial, 1.607 presos salieron bajo la figura del arresto domiciliario desde el 17 de marzo. Si se divide por la cantidad de días, la cuenta da que salieron en ese lapso 50 presos por día, uno cada media hora en promedio. De ese universo de internos, 150 consiguieron la morigeración de su detención después de la resolución del Tribunal de Casación que llevó la firma del juez Víctor Violini, recomendado que aquellos detenidos con delitos leves y penas próximas a cumplir, puedan cumplir sus condenas en sus casas. El problema radica en el control. Ya no hay tobilleras, y la Provincia avanza en un llamado a licitación para adquirir 2.000 dispositivos electrónicos.

A esa cifra hay que sumarle otra. Durante este tiempo desde que comenzó la pandemia por el Covid19, muchos presos cumplieron con sus condenas, y por fuera de este contexto igualmente habían tramitado su salida de la prisión. Contándolos, el total de egresos del sistema penitenciario bonaerense, asciende a 2.244.
Es el primer número consolidado que se conoce de las prisiones domiciliarias concedidas desde el inicio de la pandemia, de hecho el análisis realizado contempló desde el 17 de marzo al 17 de abril, con lo cual la cifra «puede ser aún mayor», admitieron fuentes judiciales a Clarín.

Al respecto, se hace otra salvedad: en el mismo período pero durante el 2019 salieron de las cárceles bonaerenses 2.090 personas. «Entre el 17 de marzo y el 17 de abril de este año egresó del Servicio Penitenciario un 27% más de personas que en el mismo período del año anterior. Esa diferencia equivale a 501 personas y son a las que, fundamentalmente, la justicia le concedió la prisión domiciliaria», señalaron fuentes judiciales.
La dificultad se plantea al momento de ejercer el control electrónico sobre quienes van obteniendo los arrestos domiciliarios. Las cifras oficiales indican que a la fecha el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 1.950 tobilleras y una «lista de espera» de 250 personas para obtener uno de esos aparatos que les permite dejar la celda y dormir en el domicilio. Según pudo saber Clarín, la Provincia analiza un llamado a licitación para comprar 2.000 tobilleras más.

La situación tiene como telón de fondo la sobrepoblación carcelaria: el SPB cuenta entre 40 y 44.000 detenidos, y sólo tiene espacio físico para 25.000. El hacinamiento supera el 50%.
A este cuadro se suma un agravante: hay 2.468 detenidos de «con patologías de alto riesgo» ante el coronavirus.
Dentro de este grupo, hay 233 presos que sufren tuberculosis, 476 VIH, Diabetes I y II (809). También hay 950 internos con enfermedades respiratorias tales como neumonía y EPOC, cáncer y afecciones que requieren diálisis. A este universo de riesgo se debe sumar a las madres con niños y bebés dentro de las cárceles -son 58- y 20 mujeres embarazadas.

La realidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -que enfrenta una dura negociación en el Penal de Devoto- expresa mejores indicadores: después de muchos años cuenta con 115 lugares disponibles. Y según la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a la fecha se liberaron a 320 internos.

Desde el gobierno provincial, el ministro de Justicia Julio Alak desmintió que exista un plan para «liberar presos». Los funcionarios sostienen que la decisión de hacerlo es de la Justicia, y que en tal caso el Tribunal de Casación «realizó una serie de recomendaciones sobre a quiénes se les debe dar dicho beneficio».

De acuerdo a los criterios epidemiológicos y razones de salud pública, se encomendó también a los fiscales evaluar esas circunstancias al momento de expedirse sobre pedidos de prisión domiciliaria o sus alternativas respecto de personas detenidas.
El procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, señaló que «se estimó oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario». /Clarín

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