La causa por el “caso Alberdi” dará un giro decisivo: el juez federal José Manuel Díaz Vélez aceptó la competencia para investigar los delitos de lavado de activos, confabulación, narcotráfico y asociación ilícita que habrían operado con anclaje en el municipio de Juan Bautista Alberdi. En paralelo, el delito de malversación de caudales públicos provinciales —por tratarse de un eventual perjuicio al patrimonio local— seguirá tramitando en el fuero ordinario de Tucumán.
La resolución federal llega después de que, el 4 de julio de 2025, un juez provincial declarara la incompetencia material del Ministerio Público Fiscal (MPF) y ordenara remitir el expediente al Juzgado Federal N.º 2, donde el fiscal Rafael Vehils Ruiz ya llevaba una pesquisa en marcha sobre hechos y protagonistas coincidentes. El 1 de agosto de 2025, Díaz Vélez formalizó que el expediente continúe en la órbita federal, con excepción de la malversación.
Qué investigará cada fuero
Justicia Federal (continúa):
Asociación ilícita: hipótesis de una estructura organizada que habría canalizado fondos a través de contrataciones directas, pagos y transferencias vinculadas a la órbita municipal.
Lavado de activos: presunto blanqueo de dinero de origen ilícito mediante obras públicas y servicios. Se menciona que Roque “Chipi” Giménez habría recibido cerca de $500 millones por obras cuestionadas (Sala Velatoria, Mercado Municipal y Centro Cultural), además de $28 millones para “Giménez Producciones” por eventos municipales y transferencias a una imprenta ligada a la familia del exsecretario de Hacienda José Roldán.
Delitos de la Ley 23.737 (estupefacientes): posibles transporte, distribución y comercialización de drogas.
Atentado contra el orden público e instigación.
Justicia provincial (permanece):
Malversación de caudales públicos provinciales: por afectar directamente al patrimonio de la Provincia, se mantiene en el fuero ordinario (principio de juez natural y competencias).
Cómo se originó el expediente
La causa nació en la Justicia provincial tras actuaciones de oficio del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, a partir de la viralización del audio el 5 de junio de 2025, que contiene una conversación presuntamente ocurrida en septiembre de 2024 entre el entonces intendente Luis “Pato” Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez.
En esa charla se aluden irregularidades con obras y pagos, vínculos con actividades ilícitas y menciones al manejo de la fuerza policial. Dato importante y ya corregido: la frase más extrema del material —sobre “manejar” policía y droga y la idea de “necesitar un Al Capone para gobernar”— se le atribuye a quien sería Giménez, no a Campos.
La crisis política escaló en pocos días y derivó en allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos, y en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante el 9 de junio de 2025.
Qué dice la resolución federal
Al aceptar la competencia el 1/8/2025, el juez Díaz Vélez sostuvo que los delitos bajo la lupa son de “carácter netamente federal”, por su naturaleza y alcance:
presunto lavado de activos a partir de contratos millonarios (obras y eventos),
asociación ilícita con base municipal,
hipótesis de narcotráfico (no meramente narcomenudeo).
La resolución mantiene las medidas cautelares que venían de la Justicia provincial y delimita que la malversación —si existiera— continúa en el ámbito local.
Los imputados y las medidas cautelares vigentes
Roque Cayetano “Chipi” Giménez: prisión preventiva por 6 meses por atentado contra el orden público e instigación a cometer delitos (ya dictada).
José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda): prisión preventiva por 2 meses por asociación ilícita.
Pablo Ezequiel Barrionuevo: prisión preventiva por 2 meses por asociación ilícita.
José Albano Loru: prisión preventiva por 2 meses por asociación ilícita.
José Ignacio Fúnez: excarcelado, con medidas de coerción de menor intensidad.
En paralelo, en el marco de la hipótesis federal, se menciona a Luis Campos y a la legisladora Sandra Figueroa dentro del mapa investigativo más amplio (con sus particularidades procesales), mientras la malversación —si la hubiera— seguirá en el fuero provincial por tratarse de fondos públicos locales.
Las pruebas que alimentan la pesquisa
La investigación se nutre de el audio viralizado (conversación Campos–Giménez), documentación vinculada a contrataciones y pagos, teléfonos celulares y soportes informáticos, una nota manuscrita, y un DVR de cámaras de seguridad secuestrado en procedimientos previos.
Estos elementos fueron incautados en operativos provinciales y federales y constituyen el insumo que ahora unificará el Juzgado Federal N.º 2 para profundizar la pesquisa.
Cronología mínima para entender el caso
Septiembre 2024: habría ocurrido la conversación telefónica Campos–Giménez.
5 de junio de 2025: el audio se viraliza.
9 de junio de 2025: el Ejecutivo provincial interviene el municipio y el Concejo Deliberante de Alberdi.
27 de junio de 2025: prisión preventiva (fuero provincial) para Roldán, Barrionuevo y Loru; excarcelación de Fúnez.
4 de julio de 2025: juez provincial declara la incompetencia y remite el caso a la Justicia Federal.
1 de agosto de 2025: juez Díaz Vélez acepta competencia federal (salvo malversación, que queda en la Justicia provincial).
Qué viene ahora
Con el expediente ya concentrado en el fuero federal (y la malversación en el provincial), el fiscal Rafael Vehils Ruiz avanzará con nuevas medidas de prueba y posibles indagatorias para robustecer o descartar las hipótesis:
si funcionó una asociación ilícita con base en el Estado municipal, si hubo lavado de activos con obras y servicios como vehículo, y si existieron delitos de la Ley 23.737 más allá del narcomenudeo.
El resultado de ese trabajo marcará el derrotero procesal de cada imputado y el eventual cruce de información con la causa provincial por malversación, que seguirá su curso en Tucumán.