El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó frenar la difusión de los supuestos audios de Karina Milei, enfrenta un panorama judicial delicado: acumula nueve denuncias en su contra, de las cuales cinco corresponden a presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
Según confirmaron fuentes judiciales, la notificación de los cargos le fue comunicada la semana pasada y el magistrado dispone ahora de 20 días hábiles para presentar su descargo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por el abogado César Grau.
Acusaciones graves y contexto laboral hostil
Las denuncias contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso sexual y laboral, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos.
Una de las denunciantes relató que el magistrado la abordó a los pocos días de ingresar al juzgado, la citó fuera del horario laboral bajo presión de perder su empleo, y allí la sometió a tocamientos y besos no consentidos. Aseguró incluso que se vio obligada a mantener relaciones sexuales con el juez como única salida para “terminar con la situación”.
Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales, observaciones constantes sobre su vestimenta y represalias laborales tras rechazar pedidos personales. La mujer señaló que sufrió acercamientos físicos no deseados, comentarios persistentes y maltrato, al punto de necesitar medicación y asistencia psicológica.
En este marco, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) solicitó desde septiembre de 2024 la presencia de personal policial en el Juzgado “para preservar la integridad física y psíquica de los trabajadores”. La medida fue finalmente concedida.
Intervención de la Justicia y causas en trámite
Las denuncias fueron derivadas a distintas dependencias, entre ellas la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que tomó testimonios a las víctimas. La fiscal Mariana Labozzetta advirtió que los hechos podrían constituir delitos de acción pública, lo que motivó la intervención de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
En paralelo, varios de los expedientes se encuentran en reserva dentro del Consejo de la Magistratura y fueron remitidos tanto por la Cámara Contencioso Administrativa como por la Oficina de Bienestar Laboral, donde se multiplican los testimonios de actuales y ex empleados.
Coincidencia con el caso de los audios de Karina Milei
La situación judicial de Maraniello quedó expuesta en medio de la polémica por los supuestos audios filtrados de Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.
El Gobierno denunció penalmente la difusión de esas grabaciones, calificándolas como una “operación de inteligencia ilegal” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y condicionar el proceso electoral. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y recayó en el Juzgado Federal N.° 10 de Julián Ercolini.
En simultáneo, Maraniello dictó un fallo que prohibió la reproducción de los audios en medios y redes sociales, por considerar que la difusión “afectaba intereses estatales sensibles”. Además, se ordenaron medidas judiciales contra el canal de streaming Carnaval, desde donde se difundió el material, y se apuntó a allegados a la diputada Marcela Pagano.
Impacto político y electoral
Dentro del oficialismo reconocen preocupación por el impacto de la crisis, que golpea tanto en la arena judicial como en el frente político. Dirigentes del entorno presidencial advierten que la filtración de los audios de Karina Milei influyó en la motivación de la militancia y que podría profundizar la fragilidad política del Gobierno en la antesala de las elecciones legislativas en Buenos Aires y de los comicios nacionales.
El Ejecutivo interpreta la maniobra como parte de una campaña de desinformación opositora en un contexto de incertidumbre económica y tensiones internas.
En síntesis, mientras el oficialismo busca contener el daño político derivado de la filtración de los audios de Karina Milei, el juez que intervino para silenciar su difusión deberá enfrentar un proceso disciplinario sin precedentes: nueve denuncias en su contra, cinco por acoso sexual, que ponen en duda su futuro dentro del Poder Judicial.