La investigación por el uso irregular de detenidos en tareas de construcción en El Cadillal sigue revelando detalles que agravan el cuadro institucional dentro de la Policía de Tucumán.
En las últimas horas se confirmó que eran cuatro los presos que realizaban tareas de albañilería en la vivienda particular que sería propiedad del jefe de la Unidad Regional Norte (URN), comisario Gustavo Beltrán.
Presos con régimen de “semilibertad”
Según fuentes judiciales, tres de los hombres estaban alojados en la comisaría de Chuscha (Trancas) y uno en la comisaría de Yerba Buena.
Durante la semana, eran retirados de sus lugares de detención para trabajar en la obra y luego permanecían en la sede de la Unidad Regional Norte, donde no existen calabozos habilitados.
De esa manera, los detenidos habrían gozado de un régimen de semilibertad irregular, con conocimiento de los jefes de esas dependencias policiales.
«De lunes a viernes quedaban en la Regional Norte, sin medidas de seguridad ni autorización judicial”, indicaron fuentes cercanas a la causa, confirmando que esta situación se habría repetido durante varias semanas.
Los cuatro reclusos estarían acusados de delitos de abuso sexual, y su permanencia fuera de los penales regulares se justificaba —según trascendió— por la falta de cupos en las cárceles provinciales. Sin embargo, los investigadores no descartan que hayan recibido ese privilegio a cambio de mano de obra barata.
Responsabilidades en la cadena de mando
La investigación apunta no solo a la cúpula de la Unidad Regional Norte, sino también a los responsables de las comisarías de Chuscha y Yerba Buena, que tenían bajo su custodia a los detenidos.
Fuentes judiciales confirmaron que el caso podría extenderse a varios jefes intermedios que habrían autorizado o encubierto los traslados de los presos.
“Esto no fue un hecho aislado ni improvisado; hubo coordinación entre distintas dependencias”, señalaron allegados a la investigación.
La reacción del Gobierno y la decisión política
El hecho salió a la luz tras una denuncia anónima recibida directamente por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien decidió no darle intervención inicial a la Policía y actuar junto al gobernador Osvaldo Jaldo.
Ambos dispusieron que la Fiscalía de Estado interviniera de inmediato para constatar los hechos y labrar actas notariales en el lugar.
«El gobernador y el ministro decidieron actuar de manera directa, sin filtrar la información dentro de la fuerza, para garantizar transparencia en la investigación”, confirmaron fuentes oficiales.
Agüero Gamboa y el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, supervisaron personalmente el operativo que terminó con la detención de Beltrán y su segundo, Sergio Juárez, y con la baja inmediata de ambos.
También fueron aprehendidos dos suboficiales y trasladados nuevamente los cuatro detenidos al penal Benjamín Páez.
Una causa que golpea a la estructura policial
El caso impacta de lleno en la estructura de la Unidad Regional Norte, una de las más grandes y estratégicas de la provincia, con jurisdicción sobre Tafí Viejo, Yerba Buena y el corredor de la Ruta 9, zona clave para el control de contrabando y narcotráfico.
La investigación continúa bajo la órbita de la fiscal María Rivadeneira, mientras el Ministerio de Seguridad confirmó la apertura de sumarios administrativos y la revisión integral de las dependencias policiales.