La investigación judicial que involucra al delegado comunal de Huasa Pampa Sud, Alberto Federico Villafañe, sumó en las últimas horas un nuevo giro que complejiza el escenario y abre dos líneas de investigación paralelas, con denuncias cruzadas y allanamientos a ambas partes.
Este sábado 10 de enero, personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, con intervención del Ministerio Público Fiscal en feria, realizó un allanamiento con resultado positivo en una vivienda de la localidad de Pueblo Viejo, departamento La Cocha, en el marco de una causa por amenazas y presunta extorsión cuya víctima denunciada es el propio delegado comunal.
El allanamiento de hoy: causa por amenazas y extorsión
Según el informe policial oficial, el procedimiento se realizó en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia presentada el 30 de diciembre de 2025 por Alberto Federico Villafañe, quien manifestó haber sido amenazado de muerte y extorsionado por vía telefónica, con pedidos de sumas elevadas de dinero.
De acuerdo a esa denuncia, el funcionario sostuvo que, de no acceder a esos pedidos, sería acusado públicamente como autor de abuso sexual. Por estos hechos, señaló como responsable a un exempleado de la comuna y a su esposa.
Por orden de la Jueza Norma Cecilia Tasquer, del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, se allanó el domicilio de Monteros y Leiva, donde se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares:
Un Motorola Edge 50, atribuido a la mujer
Un Motorola Razr flexible, perteneciente a su esposo.
Los dispositivos quedaron afectados a la causa y serán sometidos a peritajes técnicos, considerados claves para el avance de la investigación.
El antecedente inmediato: la denuncia por abuso y el primer allanamiento
Este nuevo procedimiento se produce apenas dos días después de otro allanamiento, realizado el jueves 8 de enero, esta vez en el domicilio del delegado comunal Villafañe, en el marco de una causa por abuso sexual, iniciada tras una denuncia radicada el 7 de enero de 2026.
En aquel procedimiento, la Policía secuestró teléfonos celulares y equipos informáticos del funcionario, también con resultado positivo, para su análisis en el contexto de la investigación por presunta violación al artículo 119 del Código Penal.
El testimonio periodístico posterior al allanamiento
Luego de ese primer allanamiento, este medio mantuvo una entrevista privada con la mujer denunciante, realizada fuera de toda instancia judicial y con resguardo absoluto de su identidad.
En ese testimonio periodístico, la mujer afirmó haber sido víctima de abusos reiterados, describiendo episodios de forcejeos y malos tratos, y sostuvo que los hechos se habrían producido entre septiembre y noviembre de 2025.
También manifestó haber recibido mensajes insistentes, hostigamiento y amenazas, y aseguró que el acusado le habría expresado que “tenía poder político” y que “nadie le iba a hacer nada”.
Respecto a las pruebas, indicó que no conservaba su teléfono celular, lo que —según su relato— dificultó la preservación de mensajes.
Dos denuncias, dos tiempos y dos líneas de investigación
Con los datos incorporados hasta el momento, la Justicia analiza dos expedientes distintos pero vinculados:
Una denuncia por abuso sexual, iniciada el 7 de enero de 2026, que derivó en el allanamiento al delegado comunal.
Una denuncia previa por amenazas y extorsión, presentada el 30 de diciembre de 2025 por el funcionario, que derivó en el allanamiento realizado este viernes a la mujer denunciante y a su pareja.
Ambas causas se encuentran en plena etapa investigativa, con peritajes digitales pendientes, y bajo estricta reserva judicial.
Un caso de alto impacto institucional
El expediente genera fuerte conmoción política y social en el sur tucumano, no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino también por la condición de funcionario público de uno de los involucrados y la existencia de versiones contrapuestas que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia.
Será el Ministerio Público Fiscal quien determine, a partir del análisis de la prueba reunida, la veracidad de cada una de las denuncias y las eventuales responsabilidades penales.