Una familia de Potrero Las Tablas denunció la irrupción sin orden judicial de un grupo armado de Gendarmería que les requería que «demuestre que era el dueño de la casa» y luego falsearon un acta para justificar su accionar. Tras recibir amenazas, accedieron a vender la propiedad a un precio irrisorio.
La Justicia Federal investiga un caso que puede devenir en un escándalo de gran magnitud en Tucumán: cuatro miembros de Gendarmería Nacional fueron procesados por su presunta participación en un operativo para presionar a una familia campesina a vender una propiedad de 2.500 metros cuadrados en Potrero Las Tablas, departamento Lules. La venta se concretó en julio de este año, a favor de la Fundación para el Desarrollo, entidad vinculada a la Universidad San Pablo-T, y Jorge Alberto Rocchia Ferro, tesorero de dicha organización y uno de los empresarios más poderosos de nuestra provincia. El precio de la venta fue considerablemente bajo: apenas un millón de pesos. La operación fue formalizada por la escribana María Inés Trápani, y se concretó luego de que los gendarmes irrumpieron sin orden judicial en el inmueble.
En mayo del año pasado, Rocchia Ferro fue condenado a tres años de cárcel de ejecución condicional por delitos ambientales, pero al revisar el fallo, la Cámara Federal de Casación consideró que la pena impuesta a Rocchia Ferro “no resulta proporcionada a la intensidad antijurídica de los hechos y a la respectiva responsabilidad que le cupo en los mismos”. Además, acaba de designar a su hija Catalina Rocchia Ferro como directora ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes -mientras que el poderoso empresario se mantiene como accionista y presidente del directorio- y se afilió a La Libertad Avanza Tucumán y se menciona como posible candidato a diputado nacional en 2025.
El relato de la familia López
Según consta en la denuncia, los gendarmes, identificados como Flavio Nieva, Edgardo Tulio Antonio Amarilla, Gonzalo Javier Galván y Ramón Horacio González, irrumpieron en la propiedad de la familia López el pasado 24 de junio. Vestidos con uniformes oficiales y fuertemente armados, ingresaron ilegalmente al predio, intimidaron a los propietarios y alegaron que cumplían órdenes para favorecer a terceros.
La familia declaró que, durante el enfrentamiento, los agentes exhibieron sus armas, amenazaron de muerte y hasta intentaron apuñalar a uno de los miembros. Todo esto quedó registrado en videos aportados como prueba.
Cuando un miembro de la familia se apersonó en el inmueble, los gendarmes le requirieron que «demuestre que era el dueño de la casa».
La presión continuó en días posteriores. Representantes de la Fundación para el Desarrollo contactaron a los López para ofrecerles una suma irrisoria por los derechos de posesión del terreno. Temerosos por su seguridad tras las amenazas, la familia aceptó vender la propiedad.
La escritura de la operación quedó a nombre de la Fundación y de Rocchia Ferro, reconocido empresario tucumano y tesorero de dicha entidad.
Investigación en marcha
Los documentos judiciales y el dictamen del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Antonio Gustavo Gómez, revelan la presunta complicidad de los gendarmes en la maniobra.
El acta de incidencia presentada por los agentes, en la que justificaban su presencia en Potrero Las Tablas bajo el pretexto de prevenir actividades ilícitas, ha sido calificada como falsa. Además, se determinó que el operativo excedió la jurisdicción de la unidad Aguilares, a la que pertenecían los agentes.
El fiscal ha solicitado ampliar la investigación hacia el comandante Ramón Horacio González, señalado como el posible director de la operación, y hacia los beneficiarios directos de la transacción, incluyendo a Rocchia Ferro y la Fundación para el Desarrollo.
Un precio vil
La venta por un millón de pesos ha sido duramente criticada. Con el dólar superando los 1.000 pesos al momento de la operación, el valor del terreno, ubicado en una zona estratégica de Potrero Las Tablas, es considerado significativamente inferior al mercado.
La familia López afirmó haber sido forzada a aceptar debido a las amenazas y el temor por represalias.
Repercusiones legales y sociales
El caso pone de manifiesto un entramado de abuso de poder y corrupción que involucra no solo a una fuerza de seguridad nacional, sino también a actores del sector privado y judicial.
Las implicaciones de este caso podrían extenderse más allá de los procesamientos actuales, abriendo la puerta a una revisión más exhaustiva de las conexiones entre Gendarmería Nacional y empresarios locales.
El Ministerio Público Fiscal resolvió ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de Flavio Nieva, Edgardo Tulio Antonio Amarilla y Gonzalo Javier Galván y trabar embargos por $3.000.000, requisar los dispositivos electrónicos secuestrados en sendos allanamientos, citar a ampliación de declaración indagatoria a Ramón Horacio González.
Venta bajo amenaza a precio módico
Víctor Antonio López relató en sede judicial que su hermano ingresó a la casa y se encontró con los gendarmes: «Cuando llegó a la casa, mi hermano les pregunto quiénes eran y quien les autorizó que entren a la casa, entonces estas personas como respuesta a ello le remontaron el arma y le dijeron que ellos estaban haciendo su trabajo y que le pedían a su hermano que demuestre que era el dueño de la casa, entonces le quitan el machete a mí hermano y después no se lo quisieron devolver«.
Además, aseguró que cuando él se apersonó fue amenazado de muerte: «Una de las personas de gendarmería que estaba allí, que es quien se ve hablando en los videos, me pide que le muestre yo los papeles que acrediten mi propiedad del lugar, y me decía que nos retiremos, me dijo que, si nosotros no arreglábamos con él, nos iba a arrestar y nos iba a matar».
«Ellos nos amenazaron de muerte si hablábamos sobre lo que estaba sucediendo y en particular sobre los videos que habíamos tomado», insistió, por lo que la familia accedió a vender la propiedad cuando «llamó una persona que se presentó como Gerente de Rocha Ferro y me dijo que tenían intenciones de comprarles la propiedad«. La transacción se completó según consta en la escritura pública n°99 de cesión de acciones y derechos posesorios –hoja de protocolo notarial n° M01555561 y M01555562– otorgada por Eduardo Oscar López y Víctor Antonio López, a favor de la Fundación para el Desarrollo y Jorge Alberto Rocchia Ferro (tesorero de la fundación) por el precio de $1.000.000 (Pesos Un Millón).
Fuente @El Tucumano