La reciente visita del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) a Tucumán generó controversia. Tras inspeccionar cárceles como Benjamín Paz, Delfín Gallo y Villa Urquiza, el organismo señaló anomalías en el sistema penitenciario provincial, lo que ha despertado el cuestionamiento del gobernador Osvaldo Jaldo.
Mientras el CNPT se enfoca en las condiciones de detención de los reclusos, incluyendo entrevistas con presos y sus familias, Jaldo ha criticado la falta de atención a las víctimas de los delitos. «¿Por qué no visitan también a las familias que han perdido seres queridos o que han quedado destruidas por estos actos delictivos?», cuestionó el gobernador.
Esta postura refleja la creciente preocupación de la sociedad tucumana ante la inseguridad. Muchos ciudadanos se preguntan si la defensa de los derechos de los detenidos no implica, en algunos casos, desatender el dolor y la necesidad de justicia de quienes han sufrido las consecuencias de la delincuencia.
Jaldo defiende las inversiones en infraestructura carcelaria realizadas por su gobierno, destacando la construcción de nuevos establecimientos como Benjamín Paz y Delfín Gallo. Sin embargo, las críticas del CNPT se centran en las condiciones de detención y el régimen penitenciario, más allá de la capacidad de alojamiento.
Se espera que el informe oficial del CNPT, con recomendaciones para el gobierno provincial, reavive el debate sobre la seguridad y la justicia en Tucumán. Mientras tanto, la polémica continúa: ¿se está protegiendo a los delincuentes en detrimento de las víctimas?