El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó este martes su decisión de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi y sostuvo que el avance del narcotráfico y la mención de funcionarios en maniobras delictivas justifican la medida. Aseguró que no prejuzga a nadie, pero que como máxima autoridad provincial “tenía que actuar”.
“La intervención fue necesaria porque se está investigando la comercialización de sustancias tóxicas, y se nombra a personas vinculadas directa e indirectamente al municipio”, dijo Jaldo. “Esperemos el fallo de la Justicia Federal para saber si ve irregularidades. Y si ve que las cosas no se han hecho bien, pueden condenar”, afirmó.
Recordó que el fiscal federal solicitó la detención del ex intendente Luis Campos, pero que el juez del caso rechazó el pedido. “Confiemos en la justicia federal y en la provincial. Tengamos un poquito de paciencia. No prejuzgo a nadie. Quien tiene que juzgar es el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Provincial. Hay que esperar sus resoluciones”, enfatizó el mandatario.
La situación actual en Alberdi
En tanto, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó que la situación en Alberdi “está tranquila” y que el interventor Guillermo Norry ya se encuentra trabajando junto a su equipo.
“La ciudad sigue funcionando. El interventor está ordenando, dialogando con el personal y poniéndose al día con la documentación”, informó Agüero Gamboa, quien además detalló que la Policía de Tucumán continúa con custodia en escuelas, hospitales y bancos. También se enviaron refuerzos para colaborar con las investigaciones abiertas.
“No se han recibido denuncias directas de los vecinos, pero ya se instaló una oficina de la Brigada de Investigaciones para que puedan acercarse y hacerlas”, agregó el ministro. Y subrayó: “La política de seguridad es de tolerancia cero frente al delito, las bandas organizadas y el narcotráfico”.
Desde la madrugada del 9 de junio, Alberdi permanece bajo control institucional con fuerte presencia policial y de Gendarmería. La intervención dispuesta por el Ejecutivo se extiende hasta por 180 días, y contempla el llamado a elecciones municipales, que podrían coincidir con los comicios nacionales de octubre.