La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la medida judicial que bloqueaba la difusión de audios atribuidos a su persona y presuntamente grabados en la Casa Rosada. La funcionaria argumentó que las grabaciones no afectan ni su intimidad ni la seguridad nacional, aunque insistió en que fueron obtenidas de manera ilegal.
La decisión se tomó luego de que asociaciones periodísticas, juristas y dirigentes políticos cuestionaran la cautelar por considerarla un caso de censura previa. En su presentación ante el juez que había concedido la medida, Milei aclaró que los audios ya forman parte de una causa penal en curso y que el Gobierno continuará denunciando lo que considera una operación de inteligencia destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.
Denuncia por espionaje y manipulación
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que las grabaciones constituyen “un ataque ilegal, planificado y dirigido” contra la administración nacional. Según detalló, las conversaciones privadas fueron manipuladas y difundidas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal”, publicó en sus redes sociales.
El Gobierno denunció el hecho ante la Justicia Federal, asegurando que las maniobras forman parte de una operación de inteligencia orientada a afectar la gobernabilidad.
Posibles nuevas filtraciones
La preocupación en el oficialismo aumentó tras trascender que podrían existir grabaciones de otros ministros, lo que alimenta la posibilidad de nuevas publicaciones en los próximos días. El caso se conecta con la reciente difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien denunció irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los registros fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval. Aunque Karina Milei no mencionó los hechos vinculados a la ANDIS en los audios que se conocieron, allegados a la funcionaria advirtieron que se trataría apenas del inicio de una serie de filtraciones.