La legisladora oficialista Sandra Figueroa presentó formalmente su pedido de licencia en la Legislatura de Tucumán, tras ser procesada junto a su esposo, el destituido intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.
En la nota presentada a la Presidencia del cuerpo, Figueroa argumentó que la decisión busca “abocarse de lleno a su defensa y colaborar con la Justicia para esclarecer su situación de manera transparente”.
Procesamiento y embargos millonarios
La semana pasada, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento del matrimonio Campos-Figueroa y de otros cuatro acusados: Roque “Chipi” Giménez (empresario contratista), José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda), Pablo Exequiel Barrionuevo (exsecretario de Desarrollo Social) y José Albano Loru (exconcejal).
A los seis se les trabaron embargos que en conjunto alcanzan los $1.400 millones, distribuidos entre $250 millones para Campos, Figueroa, Barrionuevo y Loru, y $200 millones para Giménez y Roldán.
Ninguno de los dos integrantes del matrimonio fue detenido, pero tienen prohibido salir de la provincia y del país sin autorización judicial. Además, deberán presentarse periódicamente ante una dependencia policial.
Una “empresa criminal colectiva” desde el municipio
El juez Díaz Vélez, en su resolución de más de 150 páginas, consideró que existen pruebas suficientes para imputar a los seis acusados como parte de una organización criminal que operaba desde el propio municipio de Alberdi.
Según la investigación dirigida por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, el matrimonio Campos-Figueroa habría sido el “sostén estructural” del grupo, mientras que los otros imputados actuaban como operadores económicos y administrativos en una red de beneficios mutuos, obras públicas y contrataciones directas con fondos municipales.
“Los beneficios mutuos y el enriquecimiento continuado se evidencian en los decretos y contrataciones a favor de Giménez Consulting Group, que dan cuenta de un circuito de legitimación y reciclado de recursos que favorece a integrantes de la asociación”, sostiene el fallo.
El documento también hace referencia al audio que se viralizó en marzo, donde Giménez y Campos dialogan sobre el manejo del poder, la Policía local y presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que detonó la intervención institucional.
Elecciones tras la intervención
El municipio de Juan Bautista Alberdi permanece intervenido desde el 9 de junio, tras el decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, quien justificó la medida por la gravedad institucional del caso.
El próximo domingo 26 de octubre, los vecinos de Alberdi irán a las urnas para elegir un nuevo intendente y 10 concejales, en medio de un clima político cargado y con la mirada puesta en la Justicia Federal.