La medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) paraliza 13 de las 14 líneas urbanas de San Miguel de Tucumán y amenaza con prolongarse durante el fin de semana.

La Municipalidad capitalina convocó para hoy, viernes, a una mesa de diálogo prevista a las 10 de la mañana en el Concejo Deliberante, con el objetivo de acercar posiciones entre las partes. Participarán funcionarios municipales, representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y concejales de la Comisión de Transporte.

La UTA decidió mantener el paro en rechazo a las 154 suspensiones aplicadas por Aetat. Solo la Línea 8 continúa circulando, al no haber aplicado medidas sobre su personal. “Si no tenemos una solución, es probable que debamos profundizar las medidas desde el lunes”, advirtió el gremio.

Sin acuerdo en la negociación

Durante la tarde de ayer se desarrolló una reunión entre funcionarios municipales y empresarios, pero el encuentro terminó sin avances. Los representantes de Aetat rechazaron la propuesta del municipio, que consistía en adelantar el pago de los atributos sociales de la SUBE correspondientes a octubre y actualizar al 100% el beneficio del boleto gratuito estudiantil (Subem).

“La propuesta fue rechazada por los empresarios; parece que buscan el conflicto en la capital para resolverlo luego a nivel provincial”, expresó la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano.

Reclamos cruzados

Desde Aetat aseguran que el municipio no garantiza la ecuación económica y que varias compañías atraviesan deudas millonarias que ponen en riesgo su continuidad. A su vez, la Municipalidad cuestiona la calidad del servicio y la falta de regularidad en las frecuencias.

Los empresarios remarcan que los subsidios nacionales y provinciales resultan insuficientes y que la caída en la cantidad de pasajeros agrava la situación. Desde UTA sostienen que los trabajadores no pueden ser quienes paguen el costo de la crisis.

Aetat aclaró que no busca un aumento de tarifas, sino un nuevo esquema de financiamiento que contemple el “boleto por kilómetro recorrido”. Además, reclama un subsidio de $2.000 millones, una cifra que la intendenta Rossana Chahla calificó como “impracticable”.

“Políticas incorrectas” y falta de control

Los empresarios también atribuyeron la crisis a “las incorrectas políticas adoptadas por el Ente municipal”, al tratarse de un servicio concesionado y regulado por la Municipalidad. Cuestionaron además la falta de controles sobre los servicios informales, como Uber Moto, y señalaron la ausencia de propuestas concretas para superar el conflicto.

Por ahora, el paro continúa afectando a miles de usuarios del transporte público en San Miguel de Tucumán, mientras la incertidumbre crece ante la posibilidad de que la medida se extienda durante el fin de semana.