La parlamentaria está procesada por lavado de activos, asociación ilícita y confabulación con el narcotráfico junto a su esposo, el exintendente Luis Campos.
No pasó desapercibida la presencia de la legisladora Sandra Figueroa en la reunión que el martes encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo con parlamentarios que habían sido intendentes. La ex jefa municipal de Juan Bautista Alberdi había solicitado licencia formal luego de que la Justicia Federal la procesara el mes pasado por presunto lavado de activos, asociación ilícita y confabulación con el narcotráfico.
Fuentes legislativas confirmaron que Figueroa se encuentra de licencia y que continuará alejada de su banca mientras prepara su defensa tras la formalización de las acusaciones derivadas del audio entre el exintendente Luis “Pato” Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez, en el que se alude a presuntas maniobras delictivas y vínculos con la venta de drogas.
Según trascendió, la parlamentaria no participará de la sesión prevista para el jueves 13, convocada para las 8.30, en la que se abordarán cuestiones administrativas y de agenda legislativa.
“Fue invitada por haber sido intendenta”
Desde el entorno del Palacio Legislativo explicaron que, aunque se encuentra de licencia, Figueroa fue convocada a la reunión por su experiencia como ex intendenta de Alberdi.
“El encuentro era con ex jefes municipales para discutir la reforma política y se buscaba que cada uno aportara su visión territorial”, indicaron fuentes del cuerpo.
Licencia y procesamiento
Figueroa presentó su pedido formal de licencia el jueves 9 de octubre, un día después de que la Cámara fuera notificada sobre la resolución del juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien dictó el procesamiento de seis personas en el marco de la causa Alberdi.
En su nota, la legisladora solicitó apartarse “para abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial a fin de aclarar mi situación de manera transparente”.
La medida judicial alcanzó a Luis Campos, Sandra Figueroa, José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex titular de Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario).
A todos se les trabó un embargo conjunto por $1.400 millones.
Contexto judicial
El procesamiento se basa en la investigación del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que sostiene que los acusados formaban parte de una estructura criminal organizada desde el municipio de Alberdi.
Según el fallo, Campos y Figueroa “conformaban el sostén político e institucional del grupo”, mientras que Giménez y Roldán articulaban el circuito económico y financiero.
El caso surgió a partir del audio filtrado en junio, en el que Giménez le atribuía control sobre la policía y sobre el narcotráfico local, y que derivó en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo.