El Ministerio Público Fiscal le atribuye dos operaciones fraudulentas por más de un millón de pesos, realizadas con cheques emitidos a nombre de empresas “fantasma”.
El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción —subrogada por el fiscal José Sanjuan—, formuló cargos contra un hombre de 40 años acusado de perpetrar una estafa en perjuicio de un corralón de la ciudad de La Cocha.
Según expuso en audiencia el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, el imputado habría efectuado dos operaciones de compra entre marzo y abril de 2025 utilizando cheques electrónicos diferidos emitidos por empresas sin actividad real, lo que derivó en un perjuicio económico superior al millón de pesos.
Los hechos imputados
El primer episodio ocurrió el 14 de marzo, cuando el acusado se presentó en el local comercial ubicado en calle Rivadavia al 400 y adquirió diversos materiales de construcción —entre ellos chapas galvanizadas, aislantes, placas de telgopor y perfiles metálicos— por una suma total de $487.000. En esa ocasión, entregó un cheque con fecha de pago al 21 de marzo, emitido a nombre de una empresa que, según la investigación, no contaba con fondos ni autorización bancaria para girar en descubierto.
El 10 de abril, el mismo individuo volvió al comercio y realizó una segunda compra: una bomba periférica, una amoladora, electrodos y clavos, por un total de $600.000, abonando con otro cheque proveniente de una firma igualmente apócrifa.
Acusación y medidas judiciales
Por estos hechos, el MPF imputó al hombre el delito de estafa (artículo 172 del Código Penal) en calidad de autor. Durante la audiencia, la fiscalía remarcó que las operaciones fraudulentas guardan conexión con otra causa tramitada por la misma unidad, vinculada a estafas millonarias contra comercios del sur provincial.
El representante del Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses, con el fin de garantizar la sujeción del imputado al proceso y evitar entorpecimiento en la investigación.