Una denuncia penal presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa al legislador Hugo Ledesma, al interventor de la Caja Popular José Díaz y a la ex ministra de Desarrollo Social Lorena Málaga de integrar una estructura que habría desviado mercadería social por $26,7 millones en 2023. La presentación se apoya en los acuerdos del Tribunal de Cuentas que detectaron 12 entregas irregulares de subsidios en especie, sin convenio ni beneficiarios identificados.
Las claves del caso
El Tribunal de Cuentas calculó un perjuicio patrimonial de $26.791.604,22 por entregas de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular durante 2023, sin programa ni convenio que lo avale.
Una denuncia penal presentada el 15 de noviembre pide la detención de ocho personas, el allanamiento de nueve domicilios —incluidas las sedes de la Caja Popular— y el secuestro de celulares para pericias UFED.
Entre los denunciados figuran el legislador Hugo Guillermo Ledesma, el interventor José César Díaz y la ex ministra Lorena Málaga, todos señalados por peculado y asociación ilícita.
En el centro político del conflicto aparece el diputado nacional Carlos Cisneros, jefe histórico de La Bancaria y hombre fuerte de la Caja Popular, a quien distintos actores ubican como articulador de la estructura, aunque no figura como denunciado en esta causa.
La denuncia que sacude al círculo de Cisneros
El 15 de noviembre una ciudadana presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una denuncia penal por peculado y asociación ilícita en el desvío de mercadería social valuada en $26,7 millones. La presentación, patrocinada por los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, tomó como base documental los acuerdos N.º 5.140 y N.º 5.184 del Tribunal de Cuentas de Tucumán.
Según reconstruyó el portal El Tucumano, la denuncia no se limita a pedir que se “investigue”: reclama medidas inmediatas. Apunta a ocho personas y solicita:
Detención preventiva de todos los denunciados.
Allanamiento de nueve domicilios particulares.
Allanamiento de las dos sedes de la Caja Popular de Ahorros (San Martín 469 y 25 de Mayo 149).
Secuestro de los teléfonos celulares de los imputados para someterlos a pericias UFED, la misma tecnología forense israelí utilizada en la causa de los jugadores de Vélez.
El escrito sostiene que existe riesgo de fuga por el monto del perjuicio y riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación debido a la capacidad de movilización de la estructura sindical y política que rodea a Cisneros, demostrada en marchas recientes donde se coparon las calles para respaldar al diputado en causas judiciales sensibles.
Quiénes son los ocho denunciados y qué rol les asignan
De acuerdo con la denuncia y con los acuerdos del Tribunal de Cuentas, los ocho señalados por el desvío de mercadería social son:
Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social.
José César Díaz, interventor de la Caja Popular de Ahorros.
Hugo Guillermo Ledesma, ex subinterventor de la Caja Popular y actual legislador provincial.
Jorge Alberto Garay, agente de la Caja Popular y delegado de Actividad Hípica.
Flavio Gerardo Corres, agente de la Caja Popular.
Luis Enrique Carranza, vinculado operativamente a la Caja Popular.
Julio Bernardo Naser, vinculado a la Caja Popular.
Carlos Emilio Nallib Budeguer, también vinculado al ente.
La denuncia describe una cadena de responsabilidades:
Málaga firmaba las Órdenes de Autorización de Entrega de Mercadería desde el Ministerio de Desarrollo Social.
Díaz y Ledesma, desde la conducción de la Caja Popular, solicitaban formalmente las órdenes.
Garay y Corres, funcionarios de la CPA, figuraban como solicitantes y/o retiraban bienes.
Carranza, Naser y Budeguer ejecutaban retiros de mercadería de los depósitos.
Todos lo hacían, según el Tribunal de Cuentas, sin que existiera convenio alguno entre Desarrollo Social y la Caja Popular, ni listados de beneficiarios ni respaldos socioeconómicos que justificaran la asistencia, en abierta contradicción con el Decreto 2348/4-MDS-2010, que regula los subsidios en especie.
El circuito de los $26,7 millones en mercadería social
La mecánica que detectó el Tribunal de Cuentas y que ahora investiga la Justicia penal era simple y reiterada:
1. El Ministerio de Desarrollo Social emitía Órdenes de Autorización (ODA) a nombre de la Caja Popular como “beneficiaria”.
2. Funcionarios y empleados de la CPA —Díaz, Ledesma, Garay, Corres y otros— solicitaban las órdenes.
3. Personas vinculadas a la Caja retiraban la mercadería de los depósitos oficiales o de proveedores privados.
4. Nunca se documentaba el destino final de esos bienes ni quiénes eran los supuestos beneficiarios en situación de vulnerabilidad.
La Gaceta y otros medios detallaron que las 12 órdenes analizadas fueron emitidas por Málaga y que se trataba de alimentos, chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas y sillas, entre otros bienes.
El Tribunal de Cuentas concluyó que se configuró un “mecanismo irregular” que no respetó la normativa vigente y calculó un perjuicio patrimonial al Estado de $26.791.604,22, luego de actualizar los valores a enero de 2025. Además, notificó al Ministerio Público Fiscal, a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, dado que uno de los involucrados —Ledesma— es legislador en ejercicio.
Del “triángulo” sin nombres al cerco institucional
El martes 11 de noviembre, una columna de La Gaceta habló de una “puja por el poder” en Tucumán que involucraba a “un triángulo” con “tres nombres fuertes en cada punta”, pero evitó identificarlos. El artículo describió “silencios llamativos” y advirtió que en los corrillos del poder “no se habla de otra cosa”.
Cuatro días después, la denuncia penal y los acuerdos del Tribunal de Cuentas le pusieron nombre y apellido a esos vértices:
Primer vértice: el Tribunal de Cuentas. Con el Acuerdo 5.140 abrió juicio de responsabilidad y puso en conocimiento de la Justicia penal posibles delitos de malversación e incumplimiento de deberes, vinculados a las entregas de mercadería a la Caja Popular sin respaldo normativo.
Segundo vértice: la Justicia penal provincial. Debe decidir si avanza con allanamientos, pericias UFED y pedidos de detención contra una estructura que ya fue mencionada en el expediente de la causa Vélez, donde pericias forenses describieron una organización articulada desde La Bancaria y señalaron a Carlos Cisneros como “el de arriba” en chats recuperados.
Tercer vértice: el poder político. El caso impacta en el corazón del peronismo tucumano: una ex ministra de Juan Manzur, un interventor designado por el Ejecutivo y un legislador del oficialismo están bajo la lupa por el uso de recursos sociales en plena campaña 2023.
En el centro, sin aparecer esta vez como denunciado, vuelve a quedar mencionado Carlos Cisneros, diputado nacional y jefe de La Bancaria, señalado por medios y dirigentes como el hombre que maneja la Caja Popular desde hace décadas y que ya fue involucrado en causas anteriores.
Jaldo, la Legislatura y la prueba de fuego del desafuero
La denuncia plantea un escenario incómodo para el gobernador Osvaldo Jaldo y para la Legislatura:
Si el fiscal pide la detención de Hugo Ledesma, tendrá que solicitar antes el desafuero del legislador.
Los bloques deberán votar si permiten que Ledesma quede a disposición de la Justicia en una causa por peculado y asociación ilícita que se apoya en documentación del Tribunal de Cuentas.
Una eventual negativa dejaría a la Legislatura alineada con la defensa política de un esquema que el órgano de control calificó como irregular y que produjo un perjuicio millonario al Estado. Una aprobación implicaría, en los hechos, un golpe directo al corazón del armado cisnerista dentro de la estructura provincial.
Para Jaldo, el expediente llega en un contexto de reacomodamiento interno tras las últimas elecciones, donde el oficialismo leyó que en distritos clave —Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo— hubo dirigentes que “no pusieron el cuerpo” en la campaña. El futuro de la conducción de la Caja Popular forma parte de esa pelea de fondo.
El rol de La Gaceta y la batalla por el control mediático
La propia denuncia, retomando información de El Tucumano y otras publicaciones, apunta también al terreno mediático. Señala que el diario La Gaceta describió la disputa de poder pero evitó nombrar a Cisneros, pese a que en redes sociales un descendiente de los fundadores del diario acusó públicamente a la “cúpula” actual de haberse “sometido” a la voluntad del dirigente bancario.
En paralelo, otros medios recordaron el ataque a La Gaceta del año 2000, cuando una edición entera fue saqueada y quemada en la vía pública, episodio en el que un ex policía ligado a Cisneros fue mencionado en la investigación, según reconstruyó en su momento La Nación.
La denuncia interpreta estos antecedentes como parte de un entramado paraestatal donde la Caja Popular, el aparato sindical y un ecosistema de medios alineados habrían operado durante años con fuerte capacidad de presión política y judicial. Es esa estructura la que, según el escrito, se intenta ahora investigar a partir del circuito de la mercadería social.
Qué puede pasar ahora
El fiscal que recibió la denuncia tiene tres caminos:
1. Archivar la causa: implicaría desoír la alerta del Tribunal de Cuentas y sostener que no hay delito a pesar del perjuicio patrimonial documentado.
2. Ordenar una investigación limitada, sin allanamientos ni detenciones, acotada a pedidos de informes adicionales, pese a que la documentación ya fue reunida por el órgano de control.
3. Impulsar un operativo de alto impacto: pedir allanamientos simultáneos, secuestro de celulares para pericias UFED, detención de los ocho denunciados y el desafuero de Ledesma.
La decisión no será sólo jurídica: será leída como una prueba sobre hasta dónde llega en Tucumán el poder real de la estructura que rodea a la Caja Popular y a Carlos Cisneros, y si las instituciones de control están dispuestas a avanzar cuando los acusados integran el círculo duro de la política provincial.