El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el congelamiento de los nombramientos y nuevas contrataciones en todas las oficinas dependientes del Poder Ejecutivo provincial, a partir del 1 de enero de 2026. La medida fue adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y forma parte de un paquete de restricciones administrativas y financieras orientadas a contener el gasto público.
La decisión se enmarca en la prórroga de la emergencia económica y social, establecida por la Ley N° 9.945, y quedó formalizada a través del DNU Nº 1.113 (MEyP), firmado el 23 de diciembre y remitido a la Legislatura el 29 de diciembre. Las disposiciones tendrán una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga.
Según el decreto, quedará prohibida la realización de nuevas designaciones de personal y contrataciones bajo relación de empleo público, tanto en organismos centralizados como en entes autárquicos y descentralizados. La restricción alcanza incluso a aquellos organismos que cuenten con autonomía financiera pero que requieran aportes del Estado para el pago de salarios o gastos de funcionamiento.
Desde el Ejecutivo se argumentó que las medidas son transitorias, excepcionales y proporcionales al contexto económico actual, y que buscan contener el gasto público, optimizar los recursos humanos disponibles y garantizar el equilibrio fiscal.
Excepciones previstas
El DNU contempla excepciones puntuales, que deberán estar debidamente fundamentadas. Se podrán autorizar incorporaciones únicamente cuando resulten estrictamente necesarias para asegurar la continuidad de funciones esenciales, previa evaluación y autorización del Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad.
Además, se aclara que no se verán afectadas las renovaciones de contratos vigentes ni las designaciones a término del personal que ya se encuentre prestando servicios, siempre que su continuidad resulte indispensable.
Reasignación de personal y control salarial
La norma también habilita la afectación transitoria de servicios, permitiendo que agentes estatales sean reasignados a otras áreas del Estado sin modificar su cargo, nivel escalafonario ni remuneración, con el objetivo de mejorar la utilización del personal existente.
En materia salarial, el decreto establece que cualquier mejora o incremento de haberes que implique la creación de nuevos conceptos remunerativos deberá contar con autorización expresa del Poder Ejecutivo. En caso contrario, los funcionarios que dispongan aumentos no autorizados serán responsables personalmente y deberán reintegrar los montos abonados, sin perjuicio de eventuales sanciones disciplinarias o judiciales.
Invitación a otros poderes y organismos
El artículo 11 del DNU invita a los poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, los ministerios Público Fiscal y Pupilar, y a las municipalidades de la provincia a adherir a las disposiciones.
El decreto lleva las firmas del gobernador Jaldo; del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; y de los ministros Regino Amado, Susana Montaldo, Luis Medina Ruiz, Federico Masso, Darío Monteros, Eugenio Agüero Gamboa y Marcelo Nazur, además del secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.