Una audiencia explosiva destapó una megacausa por usurpaciones, estafas y falsificación de documentos que operaba desde 2023 en San Miguel de Tucumán. Un comisario de 43 años —señalado como jefe de la organización—, un policía retirado de 54 y un abogado de 49 fueron acusados como los principales responsables de una asociación ilícita dedicada a despojar propiedades en distintos barrios de la capital.
La investigación es llevada adelante por la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal. Según expuso la auxiliar de fiscal Emely Rafael, el comisario filtraba información reservada de denuncias, allanamientos y medidas judiciales al resto de la banda para facilitar los despojos. El abogado analizaba los estados dominiales y seleccionaba los inmuebles vulnerables, mientras que el ex policía influía sobre personal de la fuerza para evitar controles.
Los integrantes recorrían viviendas, estudiaban movimientos de los propietarios y, una vez concretado el despojo, presentaban denuncias falsas, actuaban como testigos y aportaban documentación adulterada para simular posesión legítima. Todo era montado para engañar tanto a los damnificados como a la Justicia.
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió prisión preventiva; sin embargo, el juez otorgó arresto domiciliario por 31 días para los tres señalados como miembros principales. El resto de los imputados —cinco personas, entre ellas dos mujeres— seguirá con medidas de menor intensidad.
Los inmuebles involucrados en las maniobras se ubicaban en zonas como San Juan al 300 y 1400; Catamarca al 300; pasaje Holmberg al 2900; Marcos Paz y Esquiú; Balcarce primera cuadra; Muñecas al 1200; Bolivia al 1400; avenida Roca al 500 y Avellaneda al 200.