La fiscala Mónica García de Targa amplió el alcance de la investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del municipio de Juan Bautista Alberdi y redes delictivas, y solicitó que la causa pase a la Justicia Federal. En su escrito, incorporó nuevos nombres que considera deben ser investigados, entre ellos figuras de peso como la legisladora Sandra Figueroa y su hermana, Rebeca Figueroa, ex presidenta del Concejo Deliberante.
Piden declarar la incompetencia y enviar el expediente al fuero federal
Según el planteo presentado por la fiscala, los delitos investigados —que incluyen desde intimidación pública hasta lavado de activos provenientes del narcotráfico— superan el interés provincial y comprometen la seguridad nacional. En ese sentido, García de Targa pidió al juez Fabián Rojas que declare la incompetencia del fuero local para que la causa continúe en la órbita de la Justicia Federal.
“Los hechos investigados no son puramente provinciales. Afectan intereses de la Nación, vulneran la integridad del Estado y comprometen su capacidad de combatir el crimen organizado”, sostiene el escrito presentado.
Las nuevas personas apuntadas por la fiscalía
Además de los exfuncionarios ya imputados, la fiscala enumeró una serie de nombres que, según su investigación, aparecen vinculados directa o indirectamente a la presunta red delictiva:
Sandra Figueroa: ex intendente y actual legisladora provincial.
Rebeca Figueroa: ex presidenta del Concejo Deliberante de Alberdi y hermana de Sandra.
Juan Lezcano: cuñado de Luis Campos y ex secretario de Obras Públicas.
Carlos “Kokoz” Rodríguez: mano derecha del ex secretario de Hacienda José Roldán, actualmente detenido en Salta por un doble crimen con tintes narco.
Elvio Díaz: puntero político de Alberdi, también detenido por el doble homicidio en Salta.
Rodrigo “Patón” Campos: colaborador de “Kokoz”, detenido el 3 de junio por transportar un kilo de cocaína.
Roque “Colorao” Carrazán: condenado por liderar una red de narcomenudeo con operaciones en Alberdi y zonas aledañas. Uno de sus puntos de venta funcionaba frente a la casa del ex intendente Campos.
El origen del caso
La investigación comenzó tras la viralización de un audio en el que se escucha una conversación entre Roque “Chipi” Giménez y el ex intendente Luis “Pato” Campos. En ese diálogo, ambos hacían referencias explícitas al uso del poder político y policial para controlar el territorio, al narcotráfico y al manejo autoritario de la ciudad. La grabación provocó un escándalo institucional que derivó en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante el pasado 9 de junio.
Giménez fue imputado por intimidación pública y atentado contra el orden público, y se le dictó prisión preventiva por seis meses. En tanto, Campos fue señalado por la fiscalía por encubrimiento agravado, intimidación pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A ellos se sumaron otras detenciones: José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo “Maceta” Barrionuevo (ex secretario de Acción Social), José Albano Loru (ex concejal) y José Ignacio “Cuchamota” Funez, gremialista, quien es el único de los mencionados que continúa el proceso en libertad.
Coincidencia de hipótesis
La fiscala García de Targa y el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz comparten una hipótesis de investigación centrada en la existencia de una asociación ilícita con ramificaciones en el narcotráfico, lavado de dinero y uso de estructuras públicas para cometer delitos. Aunque en primera instancia el juez federal José Manuel Díaz Vélez rechazó algunos pedidos de detención por supuestos errores procesales, la investigación sigue su curso con análisis de evidencia secuestrada en allanamientos realizados por Gendarmería Nacional.
Lo que viene
El juez Rojas deberá resolver ahora si hace lugar al pedido de incompetencia. Si lo aprueba, la causa pasará al fuero federal, que ya tiene expedientes abiertos y podría unificar las investigaciones. Mientras tanto, continúan las medidas judiciales, los análisis periciales y se esperan nuevos avances en las próximas semanas.