Una denuncia vinculada al alquiler irregular de un inmueble en El Bajo derivó en la presentación de audios atribuidos a la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, que dejarían entrever gestiones ante el Ministerio Público Fiscal. Los denunciantes señalan al fiscal federal Agustín Chit. La Fundación negó cualquier vinculación irregular. El caso genera fuerte ruido político y judicial en Tucumán.
Un escándalo de alto voltaje sacude a Tucumán. Una denuncia contra la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, desembocó en la filtración de audios que comprometen a la histórica referente en la lucha contra la trata de personas y al fiscal federal Agustín Chit, quien es señalado por presunta connivencia y tráfico de influencias.
La presentación fue realizada por Jonathan David Aguilar y Cynthia Rosa Gaitán, quienes aseguran haber alquilado —de manera presuntamente irregular— un inmueble ubicado en la zona de El Bajo, propiedad del Estado Nacional y cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Fundación María de los Ángeles.
Según la denuncia, ese local fue otorgado a los particulares mediante un contrato firmado el 7 de agosto de 2024 por un exapoderado de la fundación. El acuerdo incluía una llave de $6 millones y un canon mensual de $3 millones. Sin embargo, al poco tiempo surgieron conflictos por supuestos incumplimientos de pago, lo que derivó en intimaciones y amenazas de desalojo.
El conflicto escaló el 22 de octubre de 2025, cuando el comercio de los denunciantes fue allanado tras una denuncia anónima que los acusaba de vender mercadería de contrabando en un bien del Estado. Según los inquilinos, esa presentación habría sido promovida por la propia Fundación.
Los audios que desataron la polémica
Tal como publicó eltucumano.com, los denunciantes aportaron audios que presuntamente fueron enviados por Trimarco, donde se escucharían expresiones que vinculan sus reclamos económicos con gestiones para frenar y/o impulsar un allanamiento.
En uno de ellos, se escucha una frase contundente que, de confirmarse su autenticidad, podría configurar un escándalo institucional sin precedentes en la Justicia Federal local:
“Mirá, yo estoy sujetándolo al fiscal para que no se hagan los allanamientos y los saquen de ahí (…) no me hagas enojar porque ustedes no me conocen cuando me enojo. Si he luchado con la Chancha Ale, mirá que ustedes no los voy a hacer meter presos”.
En otro mensaje, la voz atribuida a Trimarco señala:
“Vos no me traés la plata, ya está la orden de allanamiento para sacarte todas las cosas a la calle”.
El abogado de los denunciantes, Ernesto Baaclini, afirmó que los audios muestran “una influencia directa de Trimarco en el fuero federal para obtener un desalojo exprés”, y sostuvo que la medida judicial habría sido utilizada para presionar a sus clientes.
Preguntas que incomodan
El caso abre varios interrogantes dentro del Poder Judicial Federal de Tucumán:
- ¿Cómo supo la dirigente social que se preparaba un allanamiento que surgió —supuestamente— de una denuncia anónima?
- ¿Hubo filtraciones dentro de la Fiscalía?
- ¿El operativo se usó para presionar económicamente a los inquilinos?
- ¿Investigará el flamante fiscal de Cámara, Rafael Vehils Ruiz, a su subordinado?
“Acá hay olor a gato encerrado, y mal”, deslizó en reserva un funcionario judicial con larga trayectoria en Tribunales, al ser consultado informalmente sobre el tema. La repercusión ya encendió alarmas en pasillos judiciales y políticos, donde no pocos admiten que el asunto “va a traer cola”.
La respuesta de la Fundación
En un comunicado firmado por Trimarco, la Fundación María de los Ángeles negó cualquier irregularidad y aseguró que no posee propiedades propias, sino que los inmuebles que utiliza están bajo la tutela del Estado en causas por trata de personas.
“El inmueble sigue vacío y a disposición de la sociedad”, indicaron, y remarcaron que el local citado en la denuncia está bajo investigación judicial y nunca estuvo habilitado para actividad comercial. Además, invitaron a periodistas y al público a visitarlo.
Antecedente judicial que vuelve al debate
La polémica revive un antecedente incómodo: en 2022, el juez federal Fernando Poviña sobreseyó a Trimarco en una causa por presunta defraudación relacionada a fondos nacionales. Esa decisión quedó firme porque el fiscal Agustín Chit no apeló. Para los denunciantes, ese antecedente reforzaría el supuesto vínculo político–judicial entre ambos.