Tras el accidente de una aeronave con matrícula boliviana en una finca de Rosario de la Frontera, autoridades federales secuestraron 364 kilos de cocaína y detuvieron a los pilotos. El diputado y exjefe policial Gustavo Orozco alertó sobre la existencia de al menos 30 pistas clandestinas y describió cómo la zona funciona como “centro de enfriamiento” del estupefaciente.
Una avioneta con matrícula boliviana se precipitó esta semana en una pista clandestina ubicada en una finca cercana a Rosario de la Frontera, lo que derivó en rastrillajes que permitieron el secuestro de un cargamento que, sumado a lo hallado enterrado, asciende a 364 kilos de cocaína. Dos de los pilotos fueron detenidos cuando intentaban abandonar la zona en la terminal de ómnibus local; en total hay varios aprehendidos vinculados al hecho.
El hecho reavivó las denuncias públicas del diputado provincial y excomisario Gustavo Orozco, quien asegura conservar un mapa con al menos 30 pistas clandestinas detectadas durante su trabajo en la región. Orozco advirtió que el sur de Salta funciona como “espina dorsal” de un circuito que conecta Bolivia con rutas hacia el centro del país, y señaló que en la zona se realizan maniobras de “enfriamiento”: la droga se oculta en fincas o se entierra por algunos días antes de salir en camiones.
Según la reconstrucción judicial y las fuentes que participan del operativo, las aeronaves generalmente modelos Cessna de décadas de uso despegan desde Bolivia y cruzan puntos fronterizos como Rivadavia Banda Norte o Salvador Mazza. Tienen como puntos frecuentes de actividad a Anta y Rosario de la Frontera: en algunos campos aterrizan para descargar; en otros practican lo que se conoce como “bombardeo”, arrojando paquetes desde el aire. Desde allí la droga se transporta por tierra hacia Tucumán y luego a Santa Fe y la región bonaerense.
Fuentes judiciales y de las fuerzas que intervinieron —Gendarmería, Policía de la Provincia, y la PSA— informaron que parte del cargamento fue encontrado en el interior de la aeronave y otra parte estaba enterrada en la finca donde intentó aterrizar la nave. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal, que ordenó peritajes y rastrillajes para identificar a los responsables y las redes de apoyo en tierra.
La denuncia de Orozco incluye además una crítica a la capacidad operativa actual: sostuvo que, sin medidas más drásticas (como la llamada “ley de derribo” o mejoras en la radarización de la frontera), es muy difícil frenar estos vuelos discrecionales que operan por rutas aéreas y pistas rurales. Para el legislador, la magnitud del transporte aéreo de cocaína vuelve ineficaces los controles solo terrestres y exige una respuesta integral desde Nación.