El caso judicial que involucra a ex jugadores de Vélez Sarsfield por una denuncia de abuso sexual en Tucumán sumó un nuevo capítulo institucional y político. La defensa del futbolista paraguayo José Ignacio Florentín Bobadilla —imputado en la denominada “causa Vélez”— solicitó a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que se allane el domicilio del legislador radical José Cano y se secuestre su teléfono celular, bajo el argumento de que el dirigente habría intervenido para favorecer a una supuesta “organización criminal” liderada por el diputado nacional Carlos Cisneros.
La presentación, de tono inusualmente duro para un escrito judicial, sostiene que Cano actuó como operador político de Cisneros al pedir una auditoría de las actuaciones del caso ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Para la defensa de Florentín, ese requerimiento constituye una “grave intromisión de poderes” que buscaría interferir en el expediente con fines espurios.
Cano había solicitado, mediante nota pública difundida por La Gaceta, que se revise el expediente por “posibles dilataciones incausadas”. La defensa del futbolista leyó ese movimiento como una señal de protección hacia Cisneros, señalado en la denuncia como presunto articulador de una estrategia para incriminar falsamente a los ex jugadores.
“Resulta totalmente suspicaz el sorpresivo interés del legislador Cano en esta causa”, planteó Florentín, patrocinado por el estudio Gustavo Atim y Asociados. “Claramente busca favorecer el interés de la organización criminal aquí denunciada”.
Un conflicto que escala a la arena institucional
La acusación coloca al radical Cano —ex candidato a gobernador y figura histórica de su partido en Tucumán— en el centro de un escándalo que mezcla acusaciones cruzadas, presunta manipulación de pruebas, tensiones entre poderes del Estado y un caso de abuso sexual que tuvo fuerte repercusión nacional.
La defensa del jugador afirma que la intervención del legislador no responde a un interés institucional ni de transparencia judicial, sino a un vínculo político con Cisneros. En su escrito, Florentín cita artículos periodísticos que muestran a ambos dirigentes en sintonía política en distintos momentos, y menciona su cooperación legislativa y laboral.
Asimismo, recuerda que Cano fue nombrado secretario de Coordinación Operativa de la Cámara de Diputados en 2022 con apoyo de los diputados tucumanos, entre ellos Cisneros. “Es público y notorio su vínculo”, plantea el documento.
Las pruebas que exhibe Florentín: chats, pericias UFED y supuesta coordinación
El núcleo de la acusación descansa en pericias forenses UFED realizadas sobre teléfonos celulares de testigos del caso, que —según la defensa— demostrarían:
coordinación entre personas vinculadas a La Bancaria para preparar la denuncia,
eliminación de mensajes y presuntas instrucciones para testigos,
intervención directa de Cisneros y su entorno, y movimientos previos a la radicación formal de la denuncia.
“Estamos ante una organización criminal, debidamente estructurada y organizada para cometer múltiples delitos”, sostiene la presentación.
La defensa también subraya que la denunciante trabajaría en una institución bajo influencia gremial de Cisneros, y que abogados de su confianza habrían intervenido desde el inicio.
El frente judicial paralelo: presunto apriete a la prensa
El escrito cita, como evidencia de la presunta red política y judicial, un antecedente reciente: un fallo del juez Pedro Yane Mana —ex candidato de Cano— que ordenó restricciones a ElTucumano.com por publicar información sobre una ex funcionaria judicial. La defensa considera ese episodio como una muestra de una trama de poder dispuesta a intervenir en causas judiciales y limitar la labor de la prensa.
Cisneros contraataca: video y acusaciones contra fiscales
Por su parte, Carlos Cisneros difundió semanas atrás un video donde cuestiona al Ministerio Público Fiscal tucumano y acusa al titular de la institución, Edmundo “Pirincho” Jiménez, de manipular procesos. Allí sostiene que la denuncia de Florentín habría sido una “causa espejo” para intentar ganar tiempo y obtener beneficios procesales.
Un escenario judicial y político de alta tensión
La escalada retórica y las solicitudes judiciales evidencian que el expediente se convirtió en un eje de disputa político-institucional en Tucumán. Con acusaciones cruzadas de corrupción, falso testimonio, conspiración, intromisión política y maniobras mediáticas, la causa se posiciona como una de las más sensibles del sistema de justicia local.
El pedido contra Cano abre un interrogante de alto voltaje institucional: si prospera, involucraría a un legislador provincial y podría reconfigurar la dimensión del expediente. Si se descarta, la defensa de Florentín anticipa que insistirá en denunciar lo que denomina una estructura “de poder, medios y operadores”.