La Justicia dictó embargos millonarios, medidas de restricción y prisión preventiva. El audio de Chipi Giménez sigue siendo la pieza clave de la investigación.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez firmó una resolución histórica en la causa Alberdi: procesó a seis personas por delitos que van desde lavado de dinero y asociación ilícita hasta narcotráfico e intimidación pública. El fallo incluye embargos por $1.400 millones y diferentes medidas judiciales según cada imputado.

Qué le dictó la Justicia a cada uno

Luis “Pato” Campos (exintendente): procesado por lavado de activos, intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. No tiene prisión preventiva, pero no puede salir de la provincia ni del país sin permiso del juez, debe presentarse cada 15 días en una comisaría y no puede contactar a otros imputados. Fue embargado por $250 millones.

Sandra Figueroa (legisladora provincial y esposa de Campos): procesada por lavado de activos y asociación ilícita. Tampoco tiene prisión preventiva, pero tiene las mismas restricciones que su esposo y un embargo de $250 millones.

Roque “Chipi” Giménez (empresario): procesado con prisión preventiva por lavado de activos, narcotráfico, intimidación pública e instigación a cometer delitos. Embargo de $200 millones. Además, su defensa denunció que sufrió apremios ilegales (golpes y malos tratos en el penal de Benjamín Paz), lo que derivó en medidas de protección.

José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda): procesado por lavado de activos y asociación ilícita. Fue embargado por $200 millones. Primero estuvo en el penal de Benjamín Paz, pero por su delicado estado de salud (cirrosis, hipertensión, diabetes y lista de espera para trasplante de hígado) la Justicia le otorgó arresto domiciliario.

José Albano Loru (exconcejal): procesado por asociación ilícita. Embargado por $250 millones. Permanece detenido en el penal, aunque su defensa pidió arresto domiciliario, que por ahora fue rechazado.

Pablo “Maceta” Barrionuevo (ex Desarrollo Social): procesado por asociación ilícita. También embargado por $250 millones. Sigue detenido en Benjamín Paz.

El audio que desató todo

El caso nació por un audio viralizado en junio, donde se escucha una fuerte discusión entre Campos y Giménez. En esa charla:

Giménez acusa a Roldán de “dar droga a menores”, señalando a uno de los hombres más cercanos al matrimonio Campos-Figueroa.

Le exige a Campos que lo deje gobernar y lo presiona para que se baje de la candidatura a intendente, ya que él mismo pretendía ocupar ese lugar.

Descalifica a la Policía, diciendo que “solo les da la cabeza para ser policías”, y le plantea a Campos que debía “manejar a la fuerza” para sostener el poder político.

Ese material fue considerado por la Justicia como la “puerta de entrada” para descubrir un entramado de contratos, obras públicas y dinero municipal que habría servido para blanquear fondos del narcotráfico.

Lo que sigue

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sigue reuniendo pruebas:

Reconocimiento de vehículos y bienes secuestrados a los acusados (camionetas, motos, minibuses).

Pericias a teléfonos y computadoras incautadas.

Auditorías financieras y contables sobre fondos del municipio.

En los próximos días podría haber nuevos llamados a indagatoria, especialmente para Campos, que ya declaró en agosto, pero que volvería a ser citado para responder preguntas adicionales.

¿Qué significa el embargo y cómo lo “pagan” los acusados?

Cuando un juez dicta un embargo millonario, como en este caso (que suma $1.400 millones entre todos los procesados), no quiere decir que mañana cada imputado tenga que ir y pagar esa cifra en efectivo.

El embargo es una medida preventiva:

El juez ordena que se congelen o inmovilicen bienes, propiedades, autos, cuentas bancarias o cualquier activo que pertenezca al acusado, hasta cubrir el monto fijado.

Si el imputado tiene bienes registrados a su nombre (casas, vehículos, cuentas), no los puede vender ni transferir libremente, porque están “embargados”.

Si no alcanza con lo que tienen hoy, el embargo queda asentado: en caso de condena, el Estado puede ejecutar bienes futuros o reclamar el monto fijado.

En este caso:

A Campos y Figueroa se les fijó un embargo de $250 millones cada uno. Eso implica que la Justicia buscará bienes o activos equivalentes a ese valor para inmovilizarlos.

A Roldán y Giménez, $200 millones cada uno.

A Loru y Barrionuevo, $250 millones cada uno.

En total, suman $1.400 millones que quedan bajo “cautela judicial” como una forma de garantizar que, si se los condena, haya dinero para cubrir multas, costas del proceso o indemnizaciones al Estado.

¿Pagan ya o solo si los condenan?

Ahora no pagan nada en efectivo.

El embargo es un seguro procesal: si son absueltos, el embargo se levanta y recuperan la libre disposición de sus bienes.

Si son condenados, el embargo se transforma en ejecución: se venden o liquidan los bienes embargados hasta cubrir lo que disponga la sentencia.

Por qué son tan altas las cifras

El juez Díaz Vélez fijó montos muy elevados porque considera que se trata de un caso de delitos complejos, con movimiento de sumas millonarias del municipio y presunto narcotráfico. El embargo busca “cubrirse” ante el posible perjuicio económico al Estado y garantizar que los acusados no se desprendan de su patrimonio durante el proceso.