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Caso Alberdi: la Justicia confirmó la prisión preventiva para tres exfuncionarios

El juez de impugnación Paul Alfredo Hofer rechazó los planteos presentados por las defensas de tres exfuncionarios de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi imputados por el delito de asociación ilícita. Los acusados habían solicitado la revocación de la prisión preventiva dictada el 27 de junio, pero el magistrado resolvió mantener la medida por considerar que persisten los riesgos procesales.

La resolución alcanzó a Pablo Ezequiel Barrionuevo (exsecretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Lorú (exconcejal) y José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda), quienes seguirán detenidos en el penal de Benjamín Paz. En tanto, José Ignacio Funez, dirigente gremial imputado en la misma causa, permanece en libertad por decisión previa del juez de garantías.

La investigación es encabezada por la fiscala Mónica García de Targa, con colaboración del auxiliar Bernardo Sassi, en el marco de una causa que se inició tras la viralización de un audio entre Roque “Chipi” Giménez —actualmente detenido— y el exintendente Luis Campos. En ese diálogo, se hacía referencia al supuesto manejo de recursos municipales, vínculos con fuerzas policiales y presuntas actividades delictivas.

Argumentos de las defensas

Durante la audiencia, las defensas intentaron desarticular la medida cautelar. Los abogados Florencia Abdala (Roldán), Javier Lobo Aragón (Lorú), y Tomás y Nicolás Arce (Barrionuevo) coincidieron en que no se acreditaron de forma suficiente los peligros procesales para mantener la privación de libertad.

Entre sus argumentos se destacaron:

Fundamentos del juez

En su fallo, el juez Hofer reconoció que el análisis del peligro de fuga realizado por el juez de garantías Fabián Rojas fue deficiente. Sin embargo, consideró válida y debidamente fundamentada la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación, señalando que los imputados, por su rol en la gestión municipal, podrían influir sobre testigos o interferir con pruebas clave.

El magistrado explicó que en esta etapa procesal no se requiere certeza, sino un grado de probabilidad razonable, y que la complejidad del caso justifica el mantenimiento de la medida más gravosa.

Contexto general del caso

La causa por presunta asociación ilícita se desarrolla en paralelo a otras investigaciones que involucran a funcionarios del municipio de Alberdi, intervenido por decreto del Poder Ejecutivo desde el 9 de junio. El Ministerio Público sostiene que existió una organización delictiva que habría canalizado recursos ilícitos mediante contratos de obras públicas y servicios con fondos municipales.

Los elementos reunidos por la fiscala incluyen referencias a contrataciones presuntamente irregulares —como la adjudicación de obras por $500 millones a empresas vinculadas a “Chipi” Giménez— y vínculos con operadores detenidos por causas federales vinculadas al narcotráfico.

Aunque la fiscala García de Targa solicitó que la causa pase al fuero federal, por el momento continuará en el ámbito de la justicia provincial, tras el rechazo de la incompetencia planteado por el juez Fabián Rojas la semana pasada.

 

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