En un operativo simultáneo realizado en Catamarca, siete personas fueron detenidas, entre ellas empleados públicos, policías y un abogado, acusados de integrar una organización dedicada a estafas y asociación ilícita. La investigación, a cargo del fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, reveló una compleja red que operaba desde hace años, aprovechándose de información privilegiada y contactos en el ámbito judicial y bancario.
El operativo, ordenado por el Juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, incluyó 14 allanamientos en la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, notebooks y documentación clave para la causa.
El modus operandi
La banda, según la investigación, se valía de su acceso a información y trámites administrativos para ejecutar estafas. Su accionar comenzaba en Catastro y el Registro de la Propiedad, donde obtenían datos sobre inmuebles y títulos. Luego, «saneaban» esos títulos para disponer de las propiedades de manera fraudulenta.
Uno de los mecanismos clave del fraude era la falta de notificación a las víctimas sobre los procesos judiciales en su contra. Para ello, contaban con contactos en el Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les garantizaban un tratamiento preferencial en las causas y manipulaban la designación de martilleros para asegurarse de que los remates de bienes se realizaran según sus intereses.
Además, a través de empleados de las Oficinas de Notificación, evitaban que las citaciones llegaran a destino. De este modo, muchas víctimas solo se enteraban de que estaban involucradas en un proceso judicial cuando ya habían sufrido el embargo de sus bienes o el descuento de sus haberes.
Vínculos con la policía y el sector bancario
La red delictiva también contaba con la participación de policías, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y demandantes en los juicios ejecutivos, sino que además cumplían funciones operativas dentro de la organización. Seguían a los deudores, fotografiaban sus vehículos y, una vez dictado el embargo, alertaban al martillero para proceder con el secuestro del bien.
Además, la banda tenía acceso a información bancaria de las víctimas. Contaban con empleados en entidades financieras que les proporcionaban datos sobre cuentas y movimientos financieros, lo que les permitía ejecutar las estafas con mayor precisión.