La investigación federal sobre los presuntos vínculos de exfuncionarios de Alberdi con el narcotráfico sumó en las últimas horas dos hechos relevantes: la denuncia por apremios ilegales contra Roque “Chipi” Giménez en el penal de Benjamín Paz y el pedido de la defensa del exconcejal Albano Lorú para que se le conceda el arresto domiciliario.
Apremios ilegales en el penal
Según consta en el expediente, la defensora de Giménez, Silvia Furque, denunció que su cliente fue víctima de apremios ilegales, es decir, castigos físicos prohibidos por la ley. La abogada solicitó la intervención de un médico forense, y los profesionales que lo revisaron constataron lesiones compatibles con malos tratos.
Ante este cuadro, el juez federal ordenó medidas de protección inmediatas: advirtió al Servicio Penitenciario y prohibió que dos guardiacárceles vuelvan a acercarse al detenido. La defensa, además, gestiona que Giménez sea trasladado a un penal federal, aunque aclaró que no pidió el arresto domiciliario por salud, como se informó erróneamente días atrás.
El pedido de Lorú
En paralelo, los abogados Javier Lobo Aragón y su hijo homónimo solicitaron que su defendido, Albano Lorú, cumpla la prisión preventiva en modalidad domiciliaria. El argumento principal es la situación de hacinamiento y las dificultades de atención en el penal de Benjamín Paz. Por el momento, el pedido fue rechazado y Lorú continúa detenido junto a otros imputados en la causa.
El audio que detonó la causa
El caso Alberdi se inició con la viralización de un audio en el que Giménez mantenía una conversación con el exintendente Luis “Pato” Campos. En ese diálogo, Giménez lanzaba frases provocadoras que hoy forman parte de la investigación:
“Acá hace falta tener huevos para gobernar”, le decía a Campos.
“Tenés que ser un Al Capone”, insistía en tono de presión.
También descalificaba a la fuerza de seguridad con frases como: “Solo les da la cabeza para ser policías”.
Aunque Giménez negó estar detrás de una organización narco, esas expresiones fueron tomadas como indicios de un clima de extorsión y amenazas políticas que habría marcado la vida institucional de Alberdi.
La teoría del fiscal
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sostiene que Campos, Figueroa, Roldán, Barrionuevo, Lorú y Giménez habrían utilizado la estructura financiera del municipio para ingresar fondos ilícitos provenientes de la distribución y comercialización de droga, valiéndose de contrataciones directas de obras públicas, pagos millonarios y desvío de recursos municipales.
Hoy, sólo Campos y su esposa permanecen en libertad. Los demás imputados siguen detenidos, aunque en los últimos días se produjeron dos novedades: José Roldán fue beneficiado con el arresto domiciliario por motivos de salud, y Giménez denunció los malos tratos que sufrió dentro de la cárcel.
Avances de la investigación
Mientras tanto, la Justicia Federal avanza con pasos clave:
Se realizó el acto de reconocimiento de bienes secuestrados a los imputados, entre ellos vehículos y documentación vinculada a contrataciones municipales.
Se ordenaron pericias sobre celulares, computadoras y DVRs incautados en los allanamientos.
Están en marcha los análisis financieros y contables para rastrear el patrimonio real de los acusados frente a los indicios de enriquecimiento ilícito que señalaban los vecinos.