El comisionado rural de El Cercado, Carlos Juárez, quedó procesado por homicidio culposo agravado después de que se confirmara que manejaba alcoholizado cuando atropelló y mató a Silvia Robles (62), quien circulaba en bicicleta por la ruta 325, en el departamento Monteros.
El juez Matías Graña le dictó prisión preventiva por cinco días, plazo en el que será sometido a estudios médicos para determinar si puede permanecer en un calabozo o si corresponde que cumpla la medida con arresto domiciliario.
El accidente
El jueves, pasadas las 20, Juárez conducía una camioneta Volkswagen Amarok cuando embistió a Robles en el kilómetro 4 de la ruta 325. La mujer murió de forma instantánea por la violencia del impacto.
Testigos indicaron que el funcionario huyó sin auxiliarla y que recién dos horas más tarde se presentó en la comisaría de Capitán Cáceres con la camioneta. Antes lo había hecho su hermano, Jorge Juárez, quien habría intentado engañar a los efectivos al presentarse como el conductor del vehículo para encubrirlo.
La acusación
En la audiencia desarrollada en el Centro Judicial Monteros, el auxiliar fiscal César Larri confirmó que el comisionado presentaba aliento etílico y síntomas compatibles con ebriedad. También sostuvo que la maniobra de su hermano buscó ocultar ese agravante.
“Estamos ante un caso grave porque se trata de un funcionario público que debía dar el ejemplo. No solo conducía bajo los efectos del alcohol, sino que además se dio a la fuga sin asistir a la víctima”, enfatizó Larri, quien había solicitado 30 días de prisión preventiva para avanzar con pericias, análisis de cámaras y recolección de testimonios.
El Testimonio de la familia
Fabiana Torres, hija de la víctima, exigió justicia:
“Mi madre usaba la bicicleta como medio de transporte y terminó así. Pero lo que más nos duele es que Juárez no se detuvo a ayudarla, a pesar de que la conocía de toda la vida. Queremos justicia”.
La defensa
Juárez declaró que un camión lo encandiló y que entró en estado de shock. Alegó problemas de salud vinculados a hipertensión y diabetes, que lo habrían llevado a retirarse del lugar. Sus abogados, Ernesto Baaclini y Jorge Luna, pidieron que, en caso de mantenerse una medida cautelar, se aplique bajo modalidad de arresto domiciliario.
La resolución
El juez Graña aceptó los cargos pero redujo el plazo de la preventiva a cinco días, hasta que se completen los estudios médicos. “Los indicios son suficientes para sostener la acusación y garantizar el proceso. La expectativa de pena es de entre tres y seis años, con cumplimiento efectivo”, afirmó el magistrado.
La defensa apeló la medida, mientras que en El Cercado y Monteros la comunidad se mantiene movilizada, reclamando justicia por la muerte de Silvia Robles.