La causa por el robo del teléfono celular del gobernador Osvaldo Jaldo, ocurrido durante un acto institucional en La Cocha, sumó nuevas revelaciones que podrían modificar el rumbo de la investigación. Durante una audiencia celebrada este jueves, se indicó que al menos una segunda persona estaría implicada en el hecho, y la Justicia decidió mantener la prisión preventiva de la principal acusada.
Liliana “Pampita” Carrizo, quien permanece alojada en la alcaldía de Delfín Gallo desde el 19 de junio, seguirá detenida luego de que el juez Cristian Velázquez rechazara un pedido de arresto domiciliario presentado por su defensa. El fiscal Héctor Fabián Assad sostuvo que su liberación podría entorpecer la recolección de pruebas y el avance de la causa.
Carrizo fue aprehendida pocas horas después del robo, cuando la seguridad del gobernador y efectivos de la Policía de Tucumán lograron ubicar el teléfono en su poder, en su domicilio de Los Pizarro. La secuencia fue reconstruida en base a imágenes tomadas por fotógrafos durante el acto, donde se la observa cerca del mandatario y, según se presume, en actitud sospechosa. También se secuestraron otros dispositivos electrónicos: una notebook, un celular y tres pendrives.
Sin embargo, la defensa de la acusada introdujo una nueva línea en la causa. En su declaración ante el fiscal, Carrizo sostuvo que no sustrajo el aparato, sino que le fue entregado por un fotógrafo que participaba del acto. Aunque no brindó mayores precisiones sobre su identidad, la hipótesis abrió una línea de investigación paralela.
Fuentes judiciales indicaron que una imagen encontrada en el teléfono —una fotografía tomada con el mismo dispositivo, en la que aparece Carrizo junto al gobernador— generó dudas sobre la secuencia exacta de los hechos. Los peritos intentan establecer si esa imagen fue captada antes o después del presunto hurto.
En paralelo, el equipo científico del Ministerio Público Fiscal continúa analizando el contenido del celular recuperado, así como registros fílmicos de cámaras de seguridad y las imágenes tomadas por al menos cuatro fotógrafos acreditados durante el evento. El objetivo es determinar si existieron cómplices, facilitadores o incluso un encubrimiento posterior al robo.
El episodio ocurrió el 18 de junio en un salón de fiestas de La Cocha, donde Jaldo encabezó un acto político junto a miembros del gabinete provincial y vecinos del sur tucumano. Tras finalizar su discurso, se acercó a los presentes para saludar y tomarse fotografías. Fue en ese momento cuando le habrían sustraído el teléfono del bolsillo interno de su saco, sin que él se diera cuenta hasta subir al vehículo oficial.
El caso generó fuerte preocupación en el entorno del mandatario y abrió interrogantes políticos, sobre todo por la proximidad con Juan Bautista Alberdi, donde diez días antes el propio Jaldo había dispuesto la intervención municipal en medio de un escándalo por presuntos vínculos entre funcionarios locales y el narcotráfico. Ese contexto alimentó las sospechas de que el robo no habría sido un simple hecho de inseguridad, sino parte de una maniobra más compleja.
La causa se tramita en el Centro Judicial de Concepción. Se esperan nuevas medidas procesales en los próximos días, especialmente en torno a la presunta participación de un segundo implicado y al posible carácter premeditado del hecho.