Defensa redobla la apuesta y reclama falta de mérito para Campos y Figueroa

Pidieron la falta de mérito de Campos y Figueroa: la defensa insiste en que “su patrimonio se sustenta con su trabajo”

El abogado Camilo Atim presentó documentación contable ante el Juzgado Federal Nº 2 para respaldar la inocencia de la legisladora Sandra Beatriz Figueroa y del ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos, en la causa que investiga delitos federales vinculados al narcotráfico y lavado de activos en el sur tucumano. El pedido reabre el debate judicial y político en torno al caso que provocó la intervención municipal más resonante de los últimos años en Tucumán.

La causa que sacudió a Juan Bautista Alberdi y derivó en una intervención histórica suma un nuevo capítulo. El abogado defensor Camilo Atim, representante de la legisladora provincial Sandra Beatriz Figueroa y del ex intendente Luis Armando Campos, presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán un escrito solicitando la falta de mérito para ambos imputados en el expediente caratulado «Giménez Roque Cayetano y otros sobre infracción a la ley 23.737».

En su presentación, Atim sostuvo que “ni Figueroa ni Campos tienen alguna actividad ilícita y su patrimonio se sustenta en su trabajo”, y adjuntó declaraciones juradas del origen de fondos de ambos, certificadas contablemente por el contador público Omar Reinoso y legalizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Según la defensa, la documentación busca demostrar el flujo de ingresos, la actividad económica desarrollada y los movimientos patrimoniales, “totalmente compatibles con su capacidad económica”.

El planteo sostiene que “la prueba que se adjunta demuestra que Figueroa y Campos no tienen ninguna actividad ilícita, que poseen un patrimonio originado por su trabajo y que no forman parte de ninguna organización criminal”. La defensa afirmó que los bienes provienen de “actividades lícitas” y de “ahorros de toda la vida producto del trabajo desempeñado durante largos años”.

En ese marco, el abogado solicitó al juez subrogante Guillermo Díaz Martínez que considere ofrecida la prueba presentada y que disponga la falta de mérito de ambos acusados, argumentando que “no existe ninguna prueba que vincule a mis defendidos con alguna maniobra delictiva en la presente causa”.

Un caso que cambió el mapa político de Alberdi

El pedido de la defensa se inscribe en una investigación que modificó el escenario institucional y político del sur tucumano. La causa adquirió notoriedad pública tras la filtración de un audio que involucraba al entonces intendente Campos y al empresario Roque “Chipi” Giménez, dueño de Giménez Consulting Group SAS. En ese material, cuyo contenido generó conmoción, se mencionaban presuntos vínculos con el narcotráfico, manejos irregulares de la policía local y referencias a hechos violentos.

La viralización del denominado “audio narco” —como llegó a ser conocido mediáticamente— fue el detonante para que el gobernador Osvaldo Jaldo dispusiera la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, desplazando a Campos de su cargo y designando nuevas autoridades. El episodio marcó uno de los momentos institucionales más tensos en la provincia en 2025, con operativos de fuerzas federales, allanamientos simultáneos, secuestro de documentación y el avance de una causa judicial de alto impacto.

Procesamientos y acusaciones federales

Aunque el pedido de detención formulado por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz fue rechazado por el entonces juez José Manuel Díaz Vélez, el magistrado sí resolvió el procesamiento de seis imputados, entre ellos Campos y Figueroa, por delitos como:

lavado de activos,

asociación ilícita,

y comercialización de estupefacientes.

También fueron procesados:

Roque Cayetano Giménez,

José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda),

José Albano Loru (ex concejal),

y Pablo Exequiel Barrionuevo, este último por asociación ilícita.

Según la investigación, la presunta organización habría operado desde el propio aparato municipal, manejando fondos públicos y ejerciendo influencia sobre la policía local para facilitar actividades delictivas.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron:

cheques y documentación contable,

balances,

teléfonos celulares,

vehículos,

DVR con registros fílmicos,

efectivo en pesos y dólares,

y contratos que habrían vinculado a Giménez Consulting Group SAS con el municipio mediante contrataciones directas por montos millonarios.

La estrategia de la defensa

Con el procesamiento dictado y las imputaciones en curso, el pedido de falta de mérito representa una estrategia clave para intentar revertir la situación judicial de Campos y Figueroa.

La defensa sostiene que:

la prueba contable es concluyente,

los bienes declarados tienen origen lícito,

y no existen elementos que los vinculen con maniobras ilegales.

El escrito enfatiza que la acusación se sustenta en presunciones y en el impacto público del caso, pero no en prueba directa. Por ello, reclama que el magistrado federal revise la situación procesal de ambos.