El caso se conoció en las últimas horas, luego de que se revelara una denuncia por abuso sexual contra un joven detenido, presuntamente cometido por efectivos policiales. El hecho habría ocurrido el pasado 5 de abril en la sede de la Brigada de Las Talitas, ubicada en Villa Mariano Moreno, y actualmente es investigado por la Justicia provincial. La denuncia fue publicada originalmente por el periodista Gustavo Rodríguez, del diario La Gaceta, y tuvo como fuente a familiares del joven, quienes además solicitaron protección judicial.
El traslado que derivó en el hecho
Según el relato judicial y familiar, la víctima —un joven de 25 años detenido por una causa de robo— fue trasladado desde la ex Brigada de Investigaciones a la unidad de Las Talitas. En esa dependencia, habría sido agredido físicamente por al menos cuatro policías que se encontraban de guardia. Uno de ellos, siempre según la denuncia, lo habría abusado sexualmente utilizando un palo de escoba.
Los familiares del joven sostienen que el ataque fue una represalia. Al parecer, la víctima les habría contado que su traslado afectó un supuesto “arreglo” económico, lo cual habría motivado el castigo. Algunas versiones señalan que existía un pago informal para mantenerlo en una oficina y no en un calabozo.
Intento de traslado y encubrimiento
Después del presunto ataque, los efectivos habrían intentado trasladarlo a otra dependencia, con el objetivo de que no quedara constancia del hecho. Para ello, según marca el protocolo policial, se requiere un informe médico. Sin embargo, siempre según la denuncia, un médico habría firmado una historia clínica sin examinar al detenido, lo que podría constituir otra irregularidad.
El joven fue llevado primero a la comisaría de Tafí Viejo, donde no fue recibido por el estado en que se encontraba y por la falta de documentación oficial. Luego, intentaron ingresarlo en la comisaría de Los Pocitos, pero allí también se negaron. Finalmente, fue alojado en la comisaría de Los Nogales, donde el personal que lo recibió tomó nota de la situación.
La intervención de la comisaría de Los Nogales
En Los Nogales, tras observar las lesiones, se le tomó testimonio al detenido, se preservaron sus prendas de vestir como prueba y se dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal. Además, fue trasladado al Centro de Salud para su atención médica. Este accionar permitió activar los mecanismos judiciales correspondientes.
Intento de frenar la denuncia
Mientras el joven se encontraba internado, un comisario en actividad —que según trascendidos tendría vínculos familiares con uno de los acusados— habría intentado persuadirlo para que no realizara la denuncia. A cambio, le habría ofrecido una suma de dinero y condiciones favorables en su lugar de detención.
La denuncia formal y la causa judicial
El joven fue luego trasladado al penal de Villa Urquiza, donde solicitó hablar con un defensor oficial. Ante él, ratificó su denuncia inicial. Actualmente, un abogado del Ministerio de la Defensa lo representa como querellante en la causa.
El expediente comenzó en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que investiga casos de violencia institucional, pero fue remitido a la fiscalía especializada en delitos sexuales, a cargo de la fiscala Adriana Reinoso Cuello. La funcionaria ya ordenó diversas medidas, entre ellas una inspección ocular en la sede policial, el secuestro de libros de guardia, y una entrevista en Cámara Gesell para ampliar el testimonio de la víctima.
Medidas preventivas y reacción institucional
Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron la existencia del caso y señalaron que los cuatro efectivos involucrados fueron preventivamente separados de sus funciones mientras se define su situación procesal. También manifestaron que la institución se encuentra a disposición de la fiscalía para colaborar con la investigación.
Pedido de protección
Los familiares del joven aseguraron estar viviendo momentos de angustia y temor. Relataron que observaron movimientos sospechosos en las inmediaciones de sus viviendas y por ello se presentaron ante la Justicia para solicitar medidas de protección, tanto para ellos como para el denunciante.