La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto abuso de autoridad, luego de que su cartera solicitara allanamientos a periodistas y a un medio de comunicación en el marco de la investigación por la filtración de supuestos audios de Karina Milei.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, quien consideró que el accionar de Bullrich constituye un ataque directo a la libertad de expresión y a la democracia.
“Lo que hizo Patricia Bullrich es un acto de desesperación y de amenaza. Se ha metido con periodistas y ameritaba denunciarla. Si van a librar una batalla contra la libertad de expresión, nosotros la vamos a librar contra ella”, declaró Dalbón en diálogo con Radio 10.
La presentación del Gobierno
El Ministerio de Seguridad había solicitado el lunes que la Justicia autorizara allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, en los estudios de Carnaval Stream —el canal que difundió primero los audios—, y también en las residencias de Pablo Toviggino (accionista del medio) y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado como presunto responsable de la filtración.
La denuncia del Gobierno, que consta de 20 páginas, reclamaba además medidas cautelares para impedir la publicación de nuevas grabaciones. Entre los pedidos figuraba la prohibición de “difundir, propalar o divulgar” registros vinculados al caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal N.º 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.
Contexto y repercusiones
El planteo oficial había sido justificado en una supuesta violación a la Ley de Inteligencia. Sin embargo, desde sectores de la oposición y del ámbito periodístico advirtieron que la medida implicaba un precedente riesgoso para la libertad de prensa.
Con la denuncia presentada por Dalbón, se abre una nueva causa judicial contra la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, en medio de una creciente tensión política por la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.