El Gobierno de Tucumán avanzó en los últimos meses con sanciones disciplinarias extremas contra docentes acusados de conductas gravísimas hacia alumnas, en decisiones que marcan un cambio significativo en el accionar del Estado provincial frente a este tipo de hechos dentro del sistema educativo.
Se trata de dos casos distintos, ocurridos en establecimientos diferentes y tramitados mediante sumarios administrativos independientes, que concluyeron con la exoneración y la inhabilitación para continuar ejerciendo la docencia, conforme a lo previsto por el Estatuto del Docente y las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
El primero de los episodios fue dado a conocer por el medio Tendencia de Noticias, mientras que el segundo surge de documentación oficial a la que accedió Noticiasdelinterior.com.ar, correspondiente a un decreto del Poder Ejecutivo fechado en noviembre de 2025.
Un antecedente en una escuela rural del interior
Según informó Tendencia de Noticias, el primer caso involucró a un docente de una escuela agrotécnica rural del departamento Cruz Alta, quien fue exonerado luego de que una investigación administrativa comprobara que mantuvo comunicaciones privadas con alumnas fuera del marco pedagógico e institucional.
El sumario determinó que esos contactos trascendieron lo estrictamente educativo, generaron incomodidad y afectaron la integridad emocional de las estudiantes, situación que derivó incluso en el alejamiento de algunas alumnas del ámbito escolar. El Poder Ejecutivo consideró acreditada la violación de los deberes funcionales y aplicó la sanción máxima prevista por la normativa vigente, además de ordenar que la medida sea comunicada a las Juntas de Clasificación Docente para impedir cualquier reingreso al sistema educativo.
Un segundo caso aún más grave en Yerba Buena
El segundo episodio, ahora revelado por este medio, reviste una gravedad mayor. De acuerdo con un decreto oficial del Ministerio de Educación, el Gobierno provincial dispuso la cesantía de un docente que se desempeñaba en establecimientos secundarios de Yerba Buena, tras comprobarse conductas inapropiadas de carácter físico hacia una alumna.
La investigación administrativa se inició a partir de actuaciones impulsadas por autoridades escolares, y el expediente incorporó declaraciones testimoniales, informes técnicos del Servicio de Asistencia Social Escolar, dictámenes jurídicos y el descargo del agente involucrado. La conclusión fue categórica: el docente incumplió de manera grave los deberes inherentes a su función, afectando derechos fundamentales de estudiantes bajo su cuidado.
El decreto subraya que los hechos ocurrieron en un ámbito que “debería ser de protección, contención, afecto y estímulo para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, lo que agravó la responsabilidad del agente y tornó incompatible su continuidad en el sistema educativo.
Marco legal y fundamentos de las sanciones
En ambos casos, las sanciones se apoyaron en el Estatuto del Docente, que exige una conducta moral acorde a la función educativa, y en la Ley Provincial N° 8.293 y la Ley Nacional N° 26.061, que establecen la obligación del Estado de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y garantizar su integridad física, psíquica, emocional y moral.
Los decretos oficiales dejaron constancia de que los procedimientos respetaron el debido proceso y el derecho de defensa, y dispusieron la comunicación de las sanciones a los organismos de control y a las instancias administrativas correspondientes.
La reacción del ámbito educativo
Tras la difusión pública del primer caso, este medio recibió el mensaje de un docente que pidió mantener su identidad en reserva, quien valoró el accionar del Ministerio de Educación y reclamó que estos hechos no queden ocultos.
“Estaba viendo la publicación sobre el docente exonerado y no fue el único. Este otro fue apartado por manosear alumnas en escuelas de Yerba Buena y también hay que publicarlo.
Soy profesor y estas cosas me generan rechazo absoluto. Por un lado, aplaudo al Ministerio: por fin se toman medidas. Durante años parecía que se los beneficiaba apartándolos a tareas administrativas. Hacer justicia también es visibilizar estos casos”.