El caso que sacudió a la Policía de Tucumán sigue generando repercusiones políticas e institucionales.
Tras el hallazgo de dos detenidos y dos policías en una obra privada en El Cadillal, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión de emergencia en Casa de Gobierno junto a la Plana Mayor de la fuerza, donde se resolvió la baja inmediata de los implicados y la exigencia de informes detallados de todas las regionales policiales.
Reunión de urgencia en Casa de Gobierno
El encuentro tuvo lugar este miércoles y contó con la participación del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe Roque Rodolfo Yñigo y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.
Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobernador ratificó la política de “impunidad cero” y pidió “firmeza y transparencia” en la investigación del hecho ocurrido en una vivienda de El Cadillal, donde fueron encontrados presos que debían estar alojados en la comisaría de Chuscha, en Trancas.
Agüero Gamboa: “Nadie está por encima de la ley”
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó que los dos policías involucrados fueron pasados a disponibilidad y dados de baja, al igual que el jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte.
“Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero esto demuestra que estamos trabajando con firmeza en la depuración interna. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, señaló.
Agüero Gamboa precisó que el caso se descubrió a partir de una denuncia anónima, que derivó en una investigación reservada del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, y agregó que Jaldo actuó con rapidez y determinación frente a la gravedad de los hechos.
«El gobernador dispuso la baja inmediata de todos los involucrados. Este es un hecho de extrema gravedad”, afirmó.
Informes internos y sumarios en curso
El ministro detalló que Jaldo solicitó informes completos de cada regional y de las unidades especiales, los cuales deberán ser elevados al Ejecutivo en las próximas horas.
Mientras tanto, el comisario Soria asumió interinamente al frente de la Unidad Regional Norte, en reemplazo del comisario Gustavo Beltrán, quien está bajo investigación judicial.
“Los sumarios administrativos siguen su curso y se pondrán a disposición de la Justicia. Hasta ahora estamos hablando de 10 u 11 sumarios en trámite”, informó el ministro.
Sobre los dos presos hallados fuera de su lugar de detención, Agüero Gamboa explicó que fueron trasladados al penal Benjamín Páez, donde continuarán cumpliendo sus condenas.
“La Provincia va a actuar dentro del marco de la ley, con firmeza y dureza para quien cometa un delito, sea quien sea”, enfatizó.
A pesar del impacto, el funcionario defendió la gestión policial:
“Esto mancha a la institución, pero no borra los resultados que se vienen logrando con el plan de seguridad impulsado por el gobernador. Vamos a redoblar los esfuerzos y continuar trabajando con transparencia”.
Girvau: “Fue una actitud de sinvergüenza; nos defraudaron”
Con tono de enojo y decepción, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, fue tajante al hablar sobre el caso.
“El primer análisis es de mucha bronca. Fue una actitud de sinvergüenza. Esto tira todo por la borda, nos defraudaron”, expresó.
Girvau anunció una revisión integral en todos los niveles de la fuerza y confirmó que ya existen tres sumarios administrativos en curso, bajo la supervisión del subjefe Roque Yñigo y la Dirección de Asuntos Internos.
«Vamos a poner todo a disposición de la Justicia y los cambios llegarán hasta donde tengan que llegar”, advirtió.
El jefe policial destacó que los reclusos fueron trasladados nuevamente al penal Benjamín Páez, y aseguró que no habrá tolerancia con ningún uniformado que viole la ley.
«El gobernador confió en esta policía, pero estos hechos manchan todo lo logrado. No habrá tolerancia: impunidad cero. Han tirado 30 años de carrera y defraudado a sus familias. Es una vergüenza, pero vamos a salir adelante”, concluyó.
Un hecho que golpea a la institución
El caso de El Cadillal no solo expuso la utilización irregular de detenidos en tareas privadas, sino que abrió una profunda revisión dentro de la estructura policial tucumana.
El propio Jaldo pidió a sus funcionarios “mirar hacia abajo” y garantizar que la fuerza actúe bajo control estricto.
La investigación continúa a cargo de la fiscal María Rivadeneira, mientras se esperan más medidas judiciales y administrativas en las próximas horas.