La Justicia provincial se apartó de la investigación por los hechos que derivaron en la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi. Desde ahora, será la Justicia Federal la que continuará con la causa.
El juez Fabián Rojas resolvió declarar la incompetencia del Poder Judicial de Tucumán para seguir interviniendo en el expediente, y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal N°2, a cargo de Rafael Vehils Ruiz. La decisión implica que todas las pruebas, documentación y elementos recolectados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) sean transferidos al fuero federal, donde ya se investiga la existencia de una organización criminal dedicada al lavado de activos y al tráfico de drogas con presunta base en el municipio.
Pese a este trasaso, los cuatro imputados por la Justicia ordinaria –Roque “Chipi” Giménez, Pablo Barrionuevo, José Roldán y José Albano Lorú– seguirán cumpliendo prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz.
Una causa que escaló rápidamente
La investigación se inició tras la viralización de un audio entre el entonces intendente Luis “Pato” Campos y el empresario Roque Giménez, donde se hacían referencias a vínculos con “la policía, la droga y las muertes”. A raíz de esto, la Policía provincial abrió actuaciones de oficio y el 9 de junio el Gobierno intervino el municipio y su Concejo Deliberante.
La fiscal regional Mónica García imputó a Giménez por intimidación pública y atentado contra el orden público. Posteriormente, fueron acusados por asociación ilícita los exfuncionarios Pablo Ezequiel Barrionuevo, José del Carmen Roldán, José Albano Lorú y el sindicalista José Ignacio Funez, quien luego fue excarcelado.
Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, la Fiscalía consideró que los hechos excedían la competencia de la justicia ordinaria. Según los fiscales, los delitos ya no se limitaban a maniobras administrativas o narcomenudeo, sino que apuntaban a una red de narcotráfico con ramificaciones dentro del municipio.
Choque de competencias
El MPF solicitó el pase de la causa al fuero federal el 27 de junio, pero el juez Rojas rechazó el planteo por razones procesales. El 2 de julio se reiteró el pedido con nuevos argumentos: que ambas jurisdicciones investigaban a las mismas personas y que la justicia federal ya había realizado allanamientos clave en la Municipalidad.
La resolución final llegó tras una audiencia de impugnación, cuando el juez Rojas consideró que se cumplían los requisitos legales para que la causa sea investigada por el Juzgado Federal. Destacó que “la presunta asociación ilícita estaría vinculada a la distribución de estupefacientes, lo que supera el alcance de la ley 26.052 de narcomenudeo”.
Qué se investiga
Según la hipótesis federal, habría existido una estructura criminal con base en el municipio, integrada por dirigentes políticos, funcionarios y empresarios. Entre ellos, figuran el exintendente Luis Campos, el empresario Roque Giménez, el exsecretario de Hacienda José Roldán y la legisladora Sandra Figueroa.
Se los investiga por el posible lavado de dinero proveniente del narcotráfico, mediante contrataciones directas, obras públicas y manejo irregular de fondos municipales. Entre las obras apuntadas se encuentran la sala velatoria, un centro cultural y el mercado municipal. La Justicia federal ya había solicitado la detención de todos los implicados —excepto la legisladora, por contar con fueros— pero el pedido fue rechazado inicialmente por el juez federal José Manuel Díaz Vélez.
Con la nueva documentación que llegará desde la justicia provincial, el fiscal Vehils Ruiz buscará reforzar su acusación y reiterar el pedido de detenciones.