El teléfono celular de Luis Alejandro Ontiveros se transformó en el epicentro de la causa judicial que sacude a la Justicia Federal de Tucumán. El dispositivo, ya secuestrado y cuyo contenido fue extraído, será sometido a pericias que podrían definir si el fiscal federal Agustín Chit avanza con una imputación formal o si, como sostiene la defensa, se trata de una “causa armada”.
Para evitar vulneraciones a derechos constitucionales, la fiscalía y la querella deberán consensuar un listado de palabras clave —entre ellas “dinero”, “sentencia” y “Catamarca”— que orientarán el análisis de mensajes y archivos. La última palabra sobre el alcance de las pericias la tendrá el juez federal José Manuel Díaz Vélez.
La denuncia y el pedido de dinero
El caso se originó a partir de la presentación realizada por José Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de ARCA, representado por el abogado Juan Andrés Robles. El denunciante relató que en 2023 se reunió con Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, y que éste le habría exigido U$S 100.000 a cambio de garantizar un fallo favorable en un expediente que involucraba a su hijo, investigado por presuntas estafas piramidales en Catamarca.
Según su versión, Ontiveros sostuvo que la maniobra era posible gracias a su pareja, Solana Esther Casella, relatora de Leal y candidata a jueza federal, quien “tenía el tema para resolver” y podía influir para revertir un pedido de prisión preventiva.
La defensa de Casella
Casella negó categóricamente la acusación:
“No existe una sola prueba que me vincule a la comisión de un delito. El único que menciona mi nombre es el denunciante, sin aportar evidencia alguna”, afirmó.
La letrada aclaró que durante el trámite del expediente señalado se encontraba de licencia por maternidad, lo que, según subrayó, le impedía cualquier intervención.
Estrategia de Ontiveros y cuestionamientos
Ontiveros, junto a sus abogados Camilo Atim y Facundo Macarón, rechazó las imputaciones y las calificó como parte de un “montaje mediático”. Negó el pedido de dinero, descartó la supuesta intermediación de Casella y recordó que la sentencia cuestionada fue dictada por unanimidad de cinco jueces, lo que haría imposible una injerencia individual.
En respaldo, citaron un informe de Gendarmería que calificó como “inaudible” el audio presentado por el denunciante, en el cual no se escucha ninguna solicitud de dinero.
Paralelamente, la defensa planteó nulidades e incluso la recusación del juez Díaz Vélez, cuestiones que deberán resolverse antes de avanzar en el expediente.
Elementos que reforzaron la investigación
A pesar de los descargos, la investigación tomó impulso cuando el fiscal Chit comprobó que Ontiveros llegó a una de las reuniones en una camioneta Fiat Toro registrada a nombre de la Corte Suprema de la Nación y asignada a la vocalía de Leal. También se documentó el uso de una billetera virtual vinculada al camarista y las conexiones académicas entre Leal, Ontiveros y Casella en la cátedra de Derecho Privado I de la Universidad Nacional de Tucumán.
Si bien Mario Leal no aparece formalmente como imputado, la sola mención de su entorno en el sumario generó preocupación dentro del Consejo de la Magistratura y entre sus colegas de la Justicia Federal tucumana.