Se define la situación de Luis Campos, de Sandra Figueroa y de otros cuatro acusados. Una parte de la causa seguirá en el fuero provincial.
La causa que sacudió a Juan Bautista Alberdi en junio dio un nuevo giro: la Justicia Federal de Tucumán asumió la investigación central por los presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita. En ese marco, el ex intendente Luis Campos y su esposa, la legisladora oficialista Sandra Figueroa, fueron citados a indagatoria, al igual que otros cuatro acusados que permanecen detenidos.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez aceptó la competencia y convalidó la investigación del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, aunque dejó en manos de la justicia ordinaria una parte del expediente: la presunta malversación de fondos públicos provinciales.
El origen del escándalo
La causa comenzó en la primera semana de junio, cuando se viralizó un audio de la conversación entre Campos y el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez. En la charla se mencionaban supuestos manejos de la Policía, drogas e irregularidades con fondos municipales. El impacto político fue inmediato: el 9 de junio el Gobierno provincial dispuso la intervención del municipio y del Concejo Deliberante.
A partir de ese audio se abrieron expedientes en la justicia ordinaria, donde la fiscala Mónica García de Targa imputó inicialmente a Giménez por intimidación pública y atentado contra el orden público. Luego sumó a otros exfuncionarios:
José Roldán (ex secretario de Hacienda),
Albano Loru (ex edil),
Pablo “Maceta” Barrionuevo (ex responsable de Desarrollo Social),
José “Cuchamota” Funez (gremialista).
Los primeros cuatro recibieron prisión preventiva. Funez fue procesado, pero sin esa medida de coerción.
La teoría del Ministerio Público
“Con la investigación nos encontramos ante una organización criminal que habría cometido una serie de actos vinculados a la comercialización de estupefacientes en Alberdi. Los ingresos obtenidos habrían sido insertados bajo la apariencia de actividades rentables como ser obras públicas, alquileres al municipio o actividades comerciales como la imprenta de Roldán”, sostuvo la fiscala García de Targa al fundamentar su pedido de incompetencia.
Uno de los casos más resonantes fue el de la firma Giménez Consulting Group, creada por “Chipi” Giménez junto a su madre, una ex verdulera. La empresa no tenía oficinas identificables, pero fue contratada de manera directa por más de $500 millones durante las gestiones de Campos y Figueroa para obras como la sala velatoria, el mercado municipal y el centro cultural. Varias de esas obras se ejecutaron parcialmente o nunca comenzaron.
Las presuntas irregularidades
Además de Giménez, las pesquisas apuntan a otros movimientos sospechosos:
José Roldán: transferencias sin justificación a una imprenta a nombre de su hija, contratada para trabajos a valores muy superiores al mercado, incluso durante la pandemia.
Pablo Barrionuevo: habría alquilado su camioneta particular a la misma repartición que dirigía.
Albano Loru: creó una cooperativa de limpieza que recibió fondos millonarios, pese a que el municipio tenía más de 1.000 empleados para esa tarea.
José Funez: procesado en la justicia ordinaria, pero considerado testigo en el fuero federal.
La decisión de la Justicia Federal
El juez Díaz Vélez resolvió que los delitos de lavado de activos, narcotráfico y asociación ilícita sean investigados en el fuero federal, mientras que el delito de malversación de caudales provinciales quede en manos de la justicia ordinaria.
“Se trataría de una presunta asociación ilícita que tendría como fin la ejecución de delitos entre los cuales estaría la distribución y comercialización de estupefacientes, delitos que en principio superarían los supuestos que establece la ley 26.052”, fundamentó el magistrado.
Próximos pasos
El fiscal Vehils Ruiz ya solicitó que los imputados sean citados a indagatoria:
Miércoles: José Roldán, Albano Loru y Pablo Barrionuevo.
Jueves: Roque “Chipi” Giménez.
Viernes: Luis Campos y Sandra Figueroa.
La declaración indagatoria es clave: allí los acusados conocen las pruebas en su contra y pueden responder o guardar silencio. Luego, el juez define su situación procesal: puede dictarles la libertad, confirmar la preventiva o ampliar las acusaciones.
Situaciones particulares
Sandra Figueroa: sus fueros como legisladora no le impiden declarar, pero si es procesada deberá resolverse en la Legislatura el levantamiento de su inmunidad.
José “Cuchamota” Funez: en la justicia federal no es acusado, sino testigo. Su situación refleja la diferencia de criterios entre los fueros.
Luis Campos: hasta ahora no recibió imputación formal, aunque el audio lo coloca en el centro de la escena.
Medidas pendientes
La Justicia Federal debera analizar:
El contenido de celulares, computadoras y DVR secuestrados en allanamientos.
Informes patrimoniales de los imputados.
Contratos, licitaciones y pagos directos realizados por el municipio.
Auditorías en marcha a cargo de la intervención.
El trasfondo político
El caso Alberdi no es solo judicial. Tras la intervención del 9 de junio, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que convoca a elecciones municipales el 26 de octubre, junto a las nacionales. Allí los vecinos deberán elegir nuevo intendente y concejales, en una ciudad atravesada por la crisis política más grave de su historia reciente.