El Gobierno nacional anunció la finalización de más de 2.400 contrataciones irregulares en el Ministerio de Justicia, que pagaba el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, estos contratos habían sido realizados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público.
La mayoría de los empleados afectados trabajaban en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), mientras que el resto eran personal contratado hace casi 20 años bajo esa modalidad y que cumplían funciones en otras dependencias de Justicia. En todos los casos, ese personal recibía su salario pagado por ACARA.
El proceso de reordenamiento comenzó más de un mes atrás, cuando el ministerio ofreció un retiro voluntario en la DNRPA que la mayoría de los empleados no aceptó por considerarlo insuficiente. Finalmente, en una segunda fecha, consiguieron que la mayoría de los 400 empleados de la DNRPA se adhiriera al retiro del gobierno.
Además, el vocero presidencial anunció que se suprimió el pago de incentivos al personal del ministerio, que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Estos incentivos se pagaban, en principio, para que el personal se capacite, pero se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación ni nada que lo justifique.
También se anunció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso fin al monopolio que mantenía el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), en relación con las capacitaciones obligatorias que requerían a los conductores para sacar la licencia profesional.