El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Poder Ejecutivo promulgará la ley de emergencia en discapacidad, ratificada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, advirtió que la reglamentación y aplicación efectiva quedarán suspendidas hasta resolver de dónde saldrán los fondos para financiar su puesta en marcha.
Debate fiscal y político
La ley fue impulsada por la oposición y recibió un amplio respaldo parlamentario, incluso de bloques aliados al oficialismo. En ambas cámaras se alcanzaron los dos tercios necesarios para derribar el veto presidencial, en medio de un fuerte consenso social generado por la crisis del sistema de atención a personas con discapacidad.
Francos sostuvo que “el Poder Ejecutivo la va a promulgar, pero primero hay que analizar cómo se financia”, y cuestionó que el Congreso no haya previsto la fuente de los recursos:
“¿De dónde quieren que salga el dinero? ¿De los jubilados? Eso no es una solución, es una mentira”, expresó en declaraciones a Clarín.
Impacto fiscal
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la norma podría generar entre 493 mil y 946 mil nuevas altas en pensiones, lo que equivaldría a un gasto adicional de entre $1,8 y $3,6 billones, alrededor del 0,22% al 0,42% del PBI.
A esto se suman otros compromisos:
$278.323 millones para compensaciones de emergencia a prestadores.
$7.160 millones para talleres de producción
Contexto de la crisis
La ley fue sancionada tras masivas movilizaciones de organizaciones de la sociedad civil, que denunciaban el congelamiento de recursos y la caída de beneficiarios luego de auditorías de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS). La situación se agravó tras la salida del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, involucrado en un escándalo por presuntos pedidos de coimas.
Qué establece la ley
Pensiones No Contributivas: podrán acceder personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos. El beneficio equivale al 70% de la jubilación mínima y es compatible con empleo registrado.
Transformación automática: las pensiones otorgadas antes de la ley se adaptarán al nuevo régimen sin trámites adicionales.
Actualización de aranceles: el sistema de prestaciones básicas se ajustará de manera mensual por IPC.
Régimen de regularización fiscal: incluye condonación de intereses y refinanciación de deudas para empresas y trabajadores del sector.
Refuerzo de la ANDIS: más recursos para el organismo encargado de coordinar las políticas en discapacidad.
Próximos pasos
Aunque el Ejecutivo descartó recurrir a la Justicia, como se había evaluado inicialmente, la definición de la ley dependerá de un acuerdo con el Congreso sobre el origen de los fondos. Hasta entonces, la promulgación será simbólica y no tendrá efecto práctico.