A menos de dos semanas de que empiecen las clases en algunas jurisdicciones del país, fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación dejaron trascender que convocarán la semana que viene a los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) para negociar el salario mínimo docente. Esa reunión, que originalmente estaba prevista para la semana pasada, podría destrabar un comienzo del ciclo lectivo que hasta ahora se perfila conflictivo.
Esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado que el Gobierno no tenía definido si convocaría o no la paritaria nacional docente, que fija un piso mínimo para el salario docente en todo el país, más allá de las negociaciones en cada jurisdicción (que se están desarrollando en este momento). De hecho, Adorni consideró que no era estrictamente una “paritaria” dado que la educación obligatoria depende de las provincias, un argumento que también había utilizado el macrismo durante su gobierno.
Los sindicatos habían advertido sobre un comienzo de clases conflictivo si no se abría la negociación salarial e incluso interpretaban que el Ejecutivo estaba buscando el conflicto. De hecho, algunas jurisdicciones empezaron a anticiparse a un eventual escenario de paro docente, como la provincia de Córdoba, que anunció la implementación de un plus por presentismo (el “ítem aula”) que redujo la adhesión a las huelgas en la provincia de Mendoza. El Gobierno había intentado también limitar las huelgas docentes por medio del DNU 70/2023 (cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia) y luego por medio de la Ley Ómnibus, cuyo debate fracasó en el Congreso.
Los gremios sostienen que la paritaria nacional docente está prevista en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), que establece que el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acuerden “pautas generales” referidas a las condiciones laborales, el calendario educativo, la carrera y el salario mínimo docente.
En su versión original, la Ley Ómnibus mantenía ese artículo pero luego introducía otro (el 552) que colocaba esa responsabilidad en las provincias, en línea con el argumento actual del Gobierno nacional. Pero en el proceso de negociación de la ley, ese texto fue modificado y la versión que llegó al recinto mantenía que “se acordará el salario mínimo docente con la representación nacional de los gremios docentes”. Tras el fracaso de la ley, en los últimos días el Gobierno había sostenido que la responsabilidad de los salarios docentes es de cada provincia, más allá de no haber podido modificar la normativa.
Esa discusión sobre las responsabilidades de Nación y provincias sobre el sistema educativo se expresó también en la decisión del Gobierno de suspender los aportes nacionales al salario docente: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial. El primero representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. El segundo, en cambio, solo lo cobran las provincias de menores recursos.
La última paritaria nacional docente, realizada en septiembre del año pasado, había fijado el salario mínimo docente en 250 mil pesos en diciembre. Esa cifra marca un piso para lo que debería cobrar en todo el país un maestro de grado común, de jornada simple y sin antigüedad. Con una inflación acumulada de 51,4% entre diciembre y enero, esos salarios quedaron muy desfasados, denuncian desde los gremios.
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