En la mañana de hoy, el Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) dio inicio al debate oral y público por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, que investiga un presunto esquema sistemático de recaudación ilegal de fondos durante las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El proceso aborda a 87 imputados, incluyendo a la ex presidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López, junto a decenas de empresarios vinculados al sector de la construcción, transporte y energía.
Los hechos que se juzgan
La investigación arrancó tras las anotaciones del chofer Óscar Centeno, quien consignó en varios cuadernos sus trayectos acompañando a altos funcionarios, cargando bolsos con dinero que supuestamente se entregaban como soborno de empresarios que se beneficiaban con contratos de obra pública.
Según la fiscalía a cargo del caso, encabezada por Fabiana León, se trata de la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.
Organización del juicio
Los jueces encargados son Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. Por su magnitud, el debate ocurrirá una vez por semana —todos los jueves— mediante plataformas virtuales (Zoom) para dar cabida al volumen de participantes y testigos.
Se estima que serán más de 600 testigos citados para declarar, además de la extensa cantidad de documentación que supera los 400 cuerpos.
Implicaciones y tensiones
El comienzo de este megajuicio representa un hito en la justicia argentina por tres razones fundamentales:
Por el número de imputados de alto nivel político y empresarial involucrados.
Por la cantidad de evidencias acumuladas, incluidas confesiones, documentos, anotaciones y pericias.
Por la complejidad procesal: defensas que han intentado retrasar el proceso, planteos de nulidad, ofertas de “reparación integral” para evitar el debate, y la necesidad de adaptar el formato del juicio a la virtualidad.
Entre las claves a observar se encuentra la participación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien seguirá el proceso de manera virtual desde su domicilio en San José 1111, donde ya cumple una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.
Dadas las dimensiones del debate, los expertos estiman que el juicio podría extenderse al menos tres años. En ese lapso, se sucederán audiencias semanales, declaraciones de centenares de testigos, pericias, documentación, y la posibilidad de que surjan nuevos sobresaltos procesales.
Para el oficialismo y los sectores opositores, el desarrollo del juicio tendrá un alto impacto político: no solo por la figura de Cristina Kirchner, sino también por el involucramiento de empresarios y exfuncionarios que articulaban los contratos de obra pública estatales. Desde el mundo de la construcción y servicios públicos, la atención es máxima.
Para las defensas, el desafío será reducir los hechos que lleguen al debate, negociar posibles acuerdos o demostrar la debilidad de las pruebas. Para la fiscalía, la meta es que se reconozca la existencia de una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios para el pago sistemático de sobornos.
El inicio de este juicio marca un momento trascendental en la justicia argentina. Cómo se articule, cuánto demore, qué sentencias se obtengan y qué impacto político tenga quedará por verse.