En los próximos días podrían anunciarse despidos y no renovaciones de contratos de miles de empleados públicos

El ajuste en todos los sectores del Estado es uno de los ejes que planteó el presidente Javier Milei para su gestión y, en ese sentido, les ordenó a todos sus funcionarios que hagan una revisión profunda del personal con el que se encontraron al ingresar al Gobierno, un proceso que está lejos de terminar e incluso en los próximos días podrían anunciarse despidos y no renovaciones de contratos de miles de empleados públicos.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae diferentes fuentes oficiales, tanto en los Ministerios como en los organismos descentralizados se está analizando la situación en particular de cada uno de sus trabajadores, ya que se considera que varios de ellos no cumplen ninguna tarea y fueron “puestos por la política”.

Si bien aún no hay un número exacto de cuántos cargos se podrían eliminar, todas las estructuras gubernamentales están siendo examinadas y en muchas de ellas se prevé reducir el personal, como recientemente se hizo en Aerolíneas Argentinas.

El martes se informó que esa empresa estatal, que ahora está en manos de Fabián Lombardo, pasará de tener 14 direcciones a solo 8 y que los reportes directos a la gerencia general de la compañía disminuirán de 17 a 11, en el marco de un programa de “racionalización”.

“La reducción del 43% en la estructura gerencial de Aerolíneas es parte del plan de ajuste del gasto público. Es el camino para eliminar privilegios, equilibrar las cuentas y hacer más eficiente el Estado”, comentó al respecto el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Por su parte, Miguel Blanco, que está al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), está recopilando los informes de cada una de las áreas del Gobierno, con el objetivo de elaborar un estudio final que debe presentar ante la Jefatura de Gabinete el mes próximo, tal como estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica.

Por orden de Milei, el SIGEN tiene un plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de aquel DNU, que rige desde el 29 de diciembre pasado, para hacer un relevamiento no solo de todos los empleados públicos activos, sino también de las licitaciones existentes.

 

INFOBAE