Los incrementos de las tarifas que permiten el acceso a los servicios públicos concesionados promete ser un tema recurrente desde el arranque mismo de 2024.
A partir de este primer mes del nuevo año entrará en vigencia un reajuste en el valor del servicio de agua y cloacas de Tucumán, según se confirmó desde la Casa de Gobierno.
El porcentaje del incremento será difundido mediante una resolución del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), aunque trascendió que la actualización sería similar a la modificación que se aplicó a las valuaciones de las propiedades, en el orden del 98 por ciento.
Las autoridades provinciales consultadas, indicaron que se trata de la actualización tarifaria más importante de los últimos años, ya que desde hace al menos 24 meses que no se producía un aumento en las tarifas, virtualmente congeladas.
En paralelo, la intención de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) es incrementar el padrón de usuarios, tomando como referencia no sólo la nómina del registro inmobiliario, sino también el listado de clientes que poseen otras empresas de servicios.
Pero los reajustes en el servicio sanitario no serán los únicos durante este mes, ya que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó para el lunes 8 a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.
En la asamblea también se buscará avanzar en la determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes.
Las empresas de distribución del gas natural elevaron al Enargas sus propuestas, con el fin de recuperar parte del terreno perdido por el incremento de los insumos en un escenario de tarifas atrasadas.
En el caso de Gasnor, se señaló que el incremento no será con los porcentajes que trascendieron y que podrían implicar un reajuste de entre cuatro y cinco veces el monto que se paga actualmente por el servicio.
Por ejemplo, se tomó como base el segmento 1 (altos ingresos), que han dejado de ser beneficiarios de los subsidios estatales en las tarifas. En ese caso, la factura mensual para un cliente residencial promedio R23 (que involucra hasta un 70% de los clientes de la distribuidora) actualmente ronda los $5.700 mensuales.
La recomposición tarifaria requerida llevaría esa factura final a $ 11.100, vale decir con un incremento del 94 por ciento o de $ 5.400, incluyendo impuestos.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, había adelantado la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién “para febrero o marzo” próximos se podrían poner en vigencia los cambios.
El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.
En el servicio de electricidad en camnbio, el panorama no es tan claro, ya que el aumento de las tarifas dependerá del comportamiento de distintas variables.
Por ejemplo, se tomará como referencia el nuevo precio mayorista de la electricidad fijado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y el “Valor Agregado de Distribución” (VAD) o margen para las empresas distribuidoras y la secretaría de Energía determina el subsidio sobre la tarifa final, que también incluye impuestos.
A diferencia del gas, “que sí tienen que ir por resoluciones regulatorias y audiencias públicas, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, no requiere como condición necesaria la convocatoria a audiencia pública, porque lo define Cammesa como empresa monosómica” describió un ex funcionario de Energía consultado al respecto por un medio digital porteño.
Según los cálculos, los aumentos para los usuarios de mayores ingresos, que dejaron de recibir subsidios a partir de la “segmentación tarifaria”, la factura promedio de electricidad pasará de $ 10.467 a $ 23.569, un aumento del 125 por ciento; para hogares de ingresos medios, hoy parcialmente subsidiado, pasará de $ 5.518 a $ 23.569 lo que representa el 337 por ciento y para ingresos bajos, el más subsidiado, pasará de $ 3.970 a $ 9.082 equivalente al 129 por ciento.
Sin embargo, todavía no hay nada definido sobre cómo se armará el incremento en el servicio de energía eléctrica, mucho menos el porcentaje del reajuste.
La secuencia de incrementos en los servicios públicos puestos en manos privadas impactará fuerte en la economía familiar del segmento social de clase media, ya que lo de altos ingresos sintieron el impacto de la actualización cuando se les quitó el aporte estatal en las facturas.
Sólo falta determinar qué ocurrirá con la tarifa social o con el paraguas protector que alcanza a determinadas franjas de usuarios considerados más expuestos a los vaivenes de una economía que deberá acomodarse en pocos meses al escenario de ajuste y sinceramiento de valores impuesto por el nuevo gobierno.