La fiscal Mónica García de Targa solicitó que la causa por los supuestos vínculos entre exfuncionarios municipales de Juan Bautista Alberdi y redes delictivas vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero pase al fuero federal. En su escrito, no sólo amplió la acusación sino que detalló que hay más de $500 millones en obras públicas de dudosa ejecución que forman parte del entramado que investiga.
El expediente se inició tras la viralización del audio entre el exintendente Luis “Pato” Campos y el supuesto empresario Roque “Chipi” Giménez, ocurrido el 5 de junio. Ese material detonó un escándalo institucional sin precedentes en Tucumán, que derivó en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante de Alberdi el lunes 9 de junio, por decreto del Poder Ejecutivo.
Desde entonces, la investigación sumó elementos clave y detenciones. Ahora, García de Targa sostiene que el caso debe pasar a la Justicia Federal, porque involucra delitos que exceden la competencia provincial: intimidación pública, lavado de activos y posible comercialización de drogas.
“$500 millones por obras de dudosa ejecución”
La fiscala profundizó su teoría del caso en el planteo presentado ante el juez Fabián Rojas, argumentando la necesidad de una “unificación urgente de las investigaciones”.
“La interconexión entre la estructura criminal y el erario público, manifestada a través de la contratación directa de obras públicas y el manejo irregular de fondos municipales, como los casi $500 millones recibidos por ‘Chipi’ Giménez por obras de dudosa ejecución (Sala Velatoria, Mercado Municipal y Centro Cultural), así como los $28 millones para ‘Giménez Producciones’ por eventos municipales, y las transferencias no justificadas a la imprenta familiar de la hija de Roldán, evidencian un entramado que trasciende la mera actividad delictiva individual”, sostuvo.
También afirmó que José Roldán, entonces secretario de Hacienda, es considerado una figura clave en la estructura investigada.
Sospechas de poder residual dentro del municipio
En su presentación, García de Targa planteó que los investigados aún conservarían influencia dentro de la estructura municipal:
“La sospecha de que el grupo investigado aún —después de la intervención— mantendría poder entre los empleados municipales, al punto de hacer desaparecer o demorar oficios judiciales, también refuerza la necesidad de una investigación con el alcance y los recursos que solo el fuero federal puede proveer”.
“Manejo de la policía, muerte de personas y asociación ilícita”
En cuanto al contenido del audio viralizado, la fiscal fue contundente:
“La mención de acciones de injerencia sobre la fuerza policial, con expresiones como ‘vos al comisario lo tenés que empapelar y dejarlo sin laburo’, junto a la referencia a la ‘muerte de personas’ y la asociación ilícita para llevar a cabo estas actividades ilícitas desde una posición de poder vinculada a la gestión municipal, indican la posible configuración de un entramado criminal complejo y sostenido en el tiempo”.
Agregó que esta red requiere ser desentramada con la intervención de la Justicia Federal por la naturaleza interprovincial o transnacional que suelen tener estos delitos.
“La gravedad y trascendencia pública de estos sucesos, que incluso motivaron la intervención del Municipio de Alberdi por parte del Poder Ejecutivo, evidencian el impacto de estas actividades ilícitas a una escala que supera la órbita provincial, y confirma la afectación a bienes jurídicos de interés nacional”, expresó.
El pedido de incompetencia
El juez Fabián Rojas deberá definir si acepta el planteo de incompetencia de García de Targa. Si lo hace, la causa pasará a la Justicia Federal, que ya tiene una investigación en paralelo a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien sostiene una hipótesis similar y solicitó —aunque sin éxito inicial— la detención de los exfuncionarios y de “Chipi” Giménez.
“La duplicidad de investigaciones sobre un mismo hecho generador no solo resulta ineficiente, sino que puede conducir a resoluciones contradictorias y a una indebida fragmentación de la prueba”, señaló la fiscala, que puso como ejemplo el caso de José Ignacio “Cucha Mota” Funez, quien fue imputado por asociación ilícita en la justicia ordinaria, pero declarado testigo en la federal.
Planteos de las defensas
El proceso judicial también incluye múltiples planteos de impugnación por parte de los abogados defensores de los imputados. La audiencia para tratarlos había sido fijada para el viernes pasado.
Silvia Furque, abogada de Giménez, cuestionó que “se llegó a esta instancia sin haber resuelto antes la declaración de incompetencia”, y aseguró que “mi asistido está detenido por dos delitos menores, pero se lo menciona como parte de una asociación ilícita sin haberle formulado ese cargo”.
Javier Lobo Aragón, defensor de Albano Loru, fue directo: “A pesar del respeto que le tengo a la fiscala Mónica García de Targa y al auxiliar Bernardo Sassi, no tengo dudas de que en este caso se equivocaron. No hay ninguna prueba en contra de mi defendido”.
Los defensores Florencia Abdala y Camilo Atim, que representan a Roldán, prefirieron no hacer declaraciones hasta que se resuelva el planteo.
¿Qué se investigó hasta ahora?
Roque “Chipi” Giménez fue detenido el 12 de junio en Barrio Norte y trasladado a la Brigada de Robos y Hurtos. Luego de la audiencia multipropósito del sábado 14, se le dictó prisión preventiva por seis meses y fue trasladado al penal de Benjamín Paz.
Campos, Roldán, Barrionuevo, Loru y Funez fueron señalados como parte de una presunta asociación ilícita que habría utilizado el municipio para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas.
Según la fiscal, los pagos a la empresa de Giménez, la falta de controles, y las contrataciones a imprentas familiares fueron parte de un circuito de lavado de activos.
Qué puede pasar ahora
La resolución del juez Rojas no será definitiva, pero podría marcar un giro crucial en el expediente. Si acepta el pase al fuero federal, la investigación continuará con otros tiempos y recursos, y podría ampliarse aún más la lista de personas investigadas. También influirá en la situación procesal de los detenidos, que podrían seguir en prisión preventiva o recuperar la libertad dependiendo del criterio de la nueva jurisdicción.