Un nuevo capítulo se sumó a la crisis institucional que atraviesa la Policía de Tucumán. El ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), comisario Gustavo Beltrán, enfrenta graves acusaciones por utilizar a cuatro presos condenados y a personal policial para realizar tareas de albañilería en una vivienda que habría construido en un terreno fiscal de la Provincia, ubicado en la zona de El Cadillal.
La información fue dada a conocer por La Gaceta, que reveló además que el inmueble se encontraría dentro de un loteo irregular y que Beltrán no figura entre las personas que intentaron regularizar la posesión según el mecanismo establecido por el Gobierno provincial.
Traslados irregulares y falsificación de registros
De acuerdo a la imputación presentada por la fiscala Mariana Rivadeneira, los detenidos eran trasladados desde dependencias policiales sin autorización judicial y sin registrarlo en los libros oficiales. Tres de ellos debían estar cumpliendo condena por abuso sexual en la comisaría de Chuscha, y el cuarto, en Yerba Buena.
La investigación sostiene que el propio Beltrán, junto a los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, habría manipulado los registros de guardia para simular movimientos de detenidos y así justificar los traslados.
Ocho policías pasados a disponibilidad
En paralelo, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y el jefe de Policía Joaquín Girvau dispusieron el pase a disponibilidad de ocho efectivos, entre ellos cuatro comisarios y personal administrativo de la URN. Todos están siendo investigados por su presunta intervención en el régimen de semilibertad que permitió que los condenados trabajaran fuera de sus lugares de detención.
Los resultados del sumario administrativo serán remitidos a la fiscala para avanzar con la definición de responsabilidades penales.
Audiencia suspendida y próximos pasos
Durante la audiencia de formulación de cargos contra Beltrán, Teseira y Trejo, la defensa planteó la nulidad del procedimiento realizado en la vivienda de El Cadillal, argumentando que el ministro de Seguridad habría actuado sin autorización. El juez Eduardo González rechazó ese pedido.
El debate quedó suspendido cuando uno de los acusados sufrió un pico de presión. Está previsto que la audiencia continúe hoy, donde se tratarán dos puntos clave:
El pedido de prisión preventiva para los tres imputados
la declaración de la causa como compleja.