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Fin del Acuerdo Fiscal Municipal: Comienzan las negociaciones para su renovación

El Acuerdo Fiscal Municipal, que permitió a los municipios de la provincia ceder su coparticipación a cambio del pago puntual de los salarios de sus empleados por parte del gobierno provincial, llega a su fin con el cierre del primer semestre de 2024.

A partir de la próxima semana, se iniciarán conversaciones formales en el Ministerio del Interior para renovar este «pacto fiscal» de cara al segundo semestre del año. Se espera que una decena de intendentes se reúnan con el ministro Darío Monteros y sus equipos técnicos para analizar las proyecciones financieras basadas en la inflación, las paritarias y los aumentos salariales.

Monteros destacó que este acuerdo brinda tranquilidad a los municipios en un contexto de incertidumbre económica, garantizando el pago de salarios en tiempo y forma, e incluso permitiendo algunas obras menores. Aseguró que se espera renovar los acuerdos con los municipios adheridos.

El ministro también resaltó que, en caso de que las proyecciones iniciales resulten insuficientes debido a la inflación, el gobierno provincial responderá a los municipios firmantes. A modo de ejemplo, mencionó que el pago del medio aguinaldo para los trabajadores del interior está garantizado, pero que esos recursos se transferirán a las intendencias mediante adendas para compensar los números.

En cuanto al debate en la Legislatura sobre la Ley de Bases y el paquete fiscal, Monteros expresó su esperanza de que se apruebe la restitución del Impuesto a las Ganancias y el régimen de Bienes Personales, tal como se votó en la media sanción original, considerando estos recursos importantes para la provincia en la actual situación financiera.

El acuerdo fiscal ha sido objeto de críticas, como las de legisladores radicales que cuestionaron la distribución de fondos a algunos municipios. Monteros aclaró que, con la firma del acuerdo, los municipios ceden el 100% de la coparticipación y del Fondo de Desarrollo del Interior a la provincia, y que la evaluación del acuerdo no debe basarse únicamente en la coparticipación.

 

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