Una agente policial de 23 años fue imputada en Tucumán acusada de utilizar un certificado médico apócrifo para justificar una inasistencia laboral. La investigación, a cargo de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, reveló que el documento llevaba el sello y la firma de un médico cardiólogo que ya se encontraba jubilado desde el año 2023 y que nunca había trabajado en la clínica donde supuestamente fue emitido el certificado.
El hecho y la maniobra
Según la acusación formulada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito, el lunes 30 de junio la agente presentó ante personal de la División de Servicios Médicos de la Policía de Tucumán un certificado que consignaba un diagnóstico inexistente —dolor lumbar— y recomendaba cinco días de reposo. El objetivo, según se desprende de la causa, era justificar su inasistencia del domingo 29 de junio y extender el período de licencia.
El documento contenía el membrete y sello de una clínica privada ubicada en calle 9 de Julio al 200, además de la firma de un profesional cuya identidad fue posteriormente verificada por el Ministerio Fiscal. Sin embargo, al ser entrevistado por la Fiscalía, el médico negó haber firmado ese certificado y aclaró que el sello sí le pertenecía, aunque había quedado en desuso desde 2018, cuando cesó su actividad en una empresa que posteriormente cerró sus puertas.
“Cuando la Fiscalía lo entrevistó, el cardiólogo sostuvo que no se trataba de su firma, aunque sí reconoció su sello, el cual se hallaba en una empresa que cerró hace varios años”, explicó Brito durante la audiencia.
La imputación y las medidas
Con los elementos recolectados, la representante del Ministerio Público Fiscal imputó a la agente por el delito de uso de documento falso en calidad de autora. En la audiencia realizada, solicitó la aplicación de medidas de menor intensidad por el término de tres meses, que fueron concedidas por la jueza interviniente.
Entre las condiciones impuestas figuran:
- la promesa de someterse al proceso y no entorpecer la investigación,
- la obligación de fijar y mantener domicilio estable,
- la prohibición de realizar actos que obstaculicen el descubrimiento de la verdad,
- y la comparecencia obligatoria ante todas las citaciones judiciales.
Estas medidas sustituyen una posible prisión preventiva, al no existir indicios de riesgo procesal ni antecedentes previos.
Contexto judicial
La causa se enmarca en una serie de investigaciones recientes iniciadas por la Unidad que dirige el fiscal Diego López Ávila, orientadas a detectar el uso de documentación apócrifa dentro de instituciones públicas. En los últimos meses, el Ministerio Fiscal reforzó los controles internos y la colaboración con organismos estatales para identificar maniobras de falsificación que afectan a la administración pública.
El delito de uso de documento falso está previsto en el artículo 296 del Código Penal Argentino y contempla penas que pueden ir de uno a seis años de prisión, dependiendo de la gravedad y del perjuicio ocasionado.