La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por el presunto uso ilegítimo del Documento Nacional de Identidad (DNI) de un tercero para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra un funcionario municipal.
La citación fue dispuesta por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit, y la audiencia quedó fijada para el 3 de marzo de 2026.
El origen de la causa
La investigación se inició el 22 de agosto de 2025, a partir de una denuncia presentada por la apoderada legal de Julián Echazu Toneatti, quien puso en conocimiento de la Justicia que había extraviado su DNI durante los primeros días de junio de ese año en la cochera del edificio donde reside, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.
Según consta en la causa, tiempo después el denunciante advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en un medio digital.
El avance clave del expediente se produjo el 21 de junio de 2025, cuando Echazu Toneatti recibió un mensaje de WhatsApp del funcionario municipal Alejandro Sangenis, quien le consultó por una serie de comentarios publicados el 20 de junio en el diario LA GACETA, que resultaban ofensivos hacia su persona y que figuraban realizados bajo el nombre y DNI del denunciante.
Echazu negó haber efectuado esas publicaciones y aseguró que jamás había creado una cuenta digital en ningún medio periodístico.
La investigación fiscal
Ante esa situación, el fiscal Chit solicitó la ratificación formal de la denuncia, que se concretó el 11 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, el denunciante reiteró que no podía precisar la fecha exacta del extravío del DNI, pero sostuvo con certeza que lo había perdido en el estacionamiento del edificio donde vive, ya que allí había encontrado su billetera sin el documento.
Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal requirió informes al RENAPER, al Registro Nacional de Reincidencia y al sistema de información crediticia NOSIS respecto de Martín Viola. De esos informes surgió que el funcionario provincial tenía domicilio en el mismo edificio donde reside el denunciante, circunstancia que fue considerada de especial relevancia para la investigación.
Según el dictamen fiscal, ese dato explicaría el eventual acceso al DNI extraviado.
La causa también incluyó pedidos de información a empresas de telecomunicaciones para identificar la titularidad de la dirección IP utilizada para crear la cuenta digital. Si bien se determinó que la IP correspondía a una empresa de telefonía, la prestadora informó que no era posible individualizar al usuario asignado debido al uso de direcciones dinámicas y la falta de conservación de datos históricos completos.
No obstante, la Fiscalía sostuvo que el conjunto de indicios reunidos —informes técnicos, registros bancarios, datos de organismos nacionales y peritajes informáticos— resultan suficientes para sostener la imputación en esta etapa del proceso.
La imputación
En su análisis jurídico, el fiscal Chit encuadró la conducta atribuida a Viola en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad, previsto en el artículo 33 inciso d de la Ley 20.974.
Según se consignó, el uso del DNI se habría concretado al momento de crear una cuenta digital paga y efectuar publicaciones bajo una identidad ajena, con efectos jurídicos verificables. El dictamen sostiene que el funcionario habría actuado con dolo directo, al utilizar una identidad que sabía que no le pertenecía y sin autorización de su titular.
Con base en ese razonamiento, el Ministerio Público Fiscal solicitó la citación a declaración indagatoria conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
El juez federal Díaz Martínez hizo lugar al planteo y fijó la audiencia para marzo de 2026, instancia en la que Martín Viola deberá comparecer ante la Justicia Federal para responder formalmente por los hechos que se le imputan en el marco de esta causa penal.