La justicia federal puso la lupa sobre un presunto esquema de corrupción que involucra a municipios de Tucumán, Catamarca y Salta, con un desvío de casi $40.000 millones. La mira está puesta en la posible financiación de campañas políticas durante las elecciones de 2023.
Una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) destapó la olla: «significativos fondos públicos extraídos a través de cheques y sin justificación». Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos a la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron clave para detectar la maniobra.
Tucumán, epicentro del escándalo
Los municipios tucumanos de Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules están en el ojo de la tormenta. La Banda del Río Salí, gobernada por Gonzalo Monteros (hijo del actual ministro del Interior, Darío Monteros), es el caso más resonante. Se investigan extracciones por $17.256 millones entre enero de 2023 y junio de 2024, realizadas mediante la operatoria de «cheque por ventanilla».
Darío Monteros, quien estaba a cargo del municipio durante el período investigado, justificó las extracciones como pagos de haberes a personal no bancarizado. Sin embargo, la UIF sostiene que el volumen de retiros aumentó exponencialmente antes de las elecciones y disminuyó en 2024, lo que refuerza la hipótesis del financiamiento de campañas.
El mapa del desvío: Catamarca y Salta también en la mira
La investigación se extiende a los municipios catamarqueños de Icaño, Corral Quemado y Belén, y a la localidad salteña de San Carlos. En total, la cifra investigada asciende a $39.487 millones.
Según la PROCELAC, el dinero se extrajo en efectivo y mediante cheques, y parte de esos fondos se depositó en cuentas privadas de empleados municipales, quienes, en muchos casos, compraron dólar MEP.
La Justicia toma cartas en el asunto
Tras la denuncia de la UIF, la PROCELAC presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada. El fiscal Diego Velasco está a cargo de la investigación.
Este escándalo sacude el escenario político tucumano y pone en duda la transparencia en el manejo de fondos públicos durante las últimas elecciones.