El robo del teléfono celular del gobernador Osvaldo Jaldo, ocurrido tras un acto en el municipio de La Cocha, mantiene en vilo a las autoridades provinciales. Por estas horas, en la Casa de Gobierno se preguntan si el episodio fue un simple hecho delictivo o si podría estar vinculado a alguna maniobra política, especialmente en el contexto de tensión que atraviesa el sur tucumano tras la intervención en Juan Bautista Alberdi.
El hecho sucedió luego de que el mandatario participara en distintos actos oficiales y se dirigiera a un escenario para hablar ante vecinos y militantes de La Cocha y de las comunas del departamento. Al finalizar, mientras saludaba y se tomaba fotografías con los presentes, alguien aprovechó la cercanía para sustraerle el celular del bolsillo de su saco.
Fue al subir al vehículo oficial que Jaldo notó la ausencia de su dispositivo. De inmediato, personal de seguridad y efectivos de la zona iniciaron las averiguaciones. Con la ayuda de fotografías del evento, lograron identificar a una mujer que, según las imágenes, habría sustraído el teléfono. Localizada en su domicilio de Los Pizarro, a unos siete kilómetros del lugar, fue encontrada en posesión del aparato, que fue restituido al gobernador tras cerca de una hora de búsqueda. La sospechosa quedó aprehendida en la comisaría de La Cocha.
Durante el procedimiento también fueron secuestrados otros elementos: un teléfono celular, una notebook y tres pendrives. El fiscal Fabián Assad convalidó la aprehensión y en las próximas horas definirá la imputación y la fecha de formulación de cargos.
En declaraciones, el jefe de Policía Joaquín Girvau señaló que la detenida deberá declarar ante la Justicia, mientras que en el entorno del gobernador persisten las dudas sobre si se trató de un robo común o de un acto planificado. Esto último cobra relevancia debido a la proximidad de La Cocha con Juan Bautista Alberdi, donde hace 10 días Jaldo dispuso la intervención municipal tras un escándalo por presuntos vínculos entre la política local y el narcotráfico.
El caso es seguido de cerca por el Ministerio Público Fiscal, que evalúa no solo las circunstancias del hurto sino también la posibilidad de reforzar las medidas de seguridad en torno al mandatario provincial.