Juan Bautista Alberdi atraviesa días de extrema tensión institucional y judicial. Este viernes 27 de junio, el juez Fabián Edgardo Rojas resolvió dictar prisión preventiva por dos meses para tres exfuncionarios municipales en el marco de una investigación por asociación ilícita, mientras que ordenó la libertad inmediata del dirigente gremial José Ignacio Funez, alias “Cuchamota”.
Los tres detenidos que continuarán privados de su libertad son:
- Albano José Loru, exconcejal,
- José del Carmen Roldán, exsecretario de Hacienda,
- Pablo Exequiel Barrionuevo, exfuncionario de Acción Social.
Durante la misma audiencia, el juez dispuso que Funez recupere la libertad, aunque quedará sujeto a restricciones que se definirán en una próxima resolución. Su defensor, el abogado Carlos Jorge David Maldonado, destacó el resultado:
“La buena noticia es que hemos logrado su libertad, sujeta a medidas de menor intensidad”, señaló el letrado al salir de tribunales.
El juez Rojas apuntó al exintendente Campos
Uno de los momentos más relevantes de la audiencia fue cuando el propio juez Fabián Rojas cuestionó públicamente por qué el exintendente Luis Armando Campos aún no se encuentra imputado en la causa, a pesar de los elementos presentados.
“No puedo dejar de resaltar la labor interpretativa del juez Rojas, quien se preguntó por qué el exintendente no está imputado en este caso”, comentó el abogado Maldonado ante los medios.
El señalamiento no pasó desapercibido y abre un nuevo frente dentro de la investigación, que ya sacude los cimientos de la administración política local.
El audio que encendió la mecha
La causa se disparó tras la viralización de un audio grabado por Roque “Chipi” Giménez, actual detenido con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz. En la grabación, el empresario dialoga con Luis Campos, quien en ese momento era intendente de Alberdi. Allí se hace alusión a posibles vínculos de empleados municipales con el narcotráfico.
El contenido del audio motivó la actuación de Inteligencia Criminal D-2, que inició actuaciones de oficio. La fiscal Mónica García de Targa avanzó con la investigación, que derivó en una serie de medidas judiciales de alto impacto.
Un megaoperativo con nueve allanamientos
El miercoles 25 de junio se ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de Alberdi, bajo la supervisión del Crio. Gral. Miguel Ángel Carabajal, y con la presencia del jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, y su segundo, Roque Yñigo.
Los operativos dejaron un saldo de cuatro detenciones, además de una gran cantidad de elementos secuestrados, entre ellos:
- 27 celulares,
- 8 notebooks,
- 5 pendrives,
- 2 CPU,
- 4 DVR,
- 3 discos rígidos,
- $1.024.000 en efectivo,
- 1 cheque por $6.500.000,
- Documentación contable,
- 1 camioneta Volkswagen Amarok,
- 1 motocicleta Honda Bross 125,
- Electrodomésticos, TV, amplificador, horno, freidora y computadoras.
En uno de los domicilios, correspondiente a Albano Loru, también se hallaron 5 gramos de marihuana, motivo por el cual se le inició una causa paralela por infracción a la Ley 23.737.
El entramado que empieza a salir a la luz
Con la detención de Giménez, las medidas contra tres exfuncionarios y la liberación bajo condiciones de Funez, la causa avanza sobre figuras clave de la gestión municipal anterior. Además, los investigadores apuntan a determinar el rol que pudieron haber tenido otros referentes políticos, entre ellos la legisladora Sandra Figueroa, mencionada en distintas líneas del expediente.
Sin embargo, la falta de imputación del exintendente Luis Campos, a pesar de su mención en el audio que originó toda la causa, sigue siendo uno de los aspectos más polémicos y comentados tanto en ámbitos judiciales como sociales.
Expectativa, tensión y presión social
La ciudad de Juan Bautista Alberdi permanece en estado de fuerte conmoción. Lo que comenzó con una filtración en redes sociales escaló hasta convertirse en una causa que involucra narcotráfico, asociación ilícita, lavado de activos y posible encubrimiento institucional.
A medida que la investigación se amplía, también crece el reclamo de los vecinos y el interés público en torno a la transparencia, las responsabilidades políticas y el futuro de una comunidad que exige justicia y respuestas claras..