La Justicia busca determinar si existieron irregularidades en las negociaciones con la farmacéutica durante la pandemia; revocaron el fallo de Lijo que había cerrado el caso
En un fallo que promete reavivar la polémica sobre el manejo de la pandemia en la Argentina, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación contra el expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidenta Cristina Kirchner por la demora en la adquisición de vacunas Pfizer durante los momentos más críticos del COVID-19. La decisión revoca un fallo del juez federal Ariel Lijo, quien había desestimado las denuncias a fines de 2023 por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar.
Según el fallo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación”. El tribunal hizo hincapié en el ritmo más ágil que tuvieron las gestiones con otros laboratorios, en contraste con las demoras en los acercamientos con la empresa estadounidense.
Las denuncias que dieron origen a la causa fueron presentadas en 2021 por un grupo de diputados opositores y por familiares de víctimas del coronavirus, quienes apuntaron contra el Gobierno por no haber cerrado a tiempo un acuerdo con Pfizer, lo que —sostienen— habría tenido un impacto directo en la cantidad de muertes evitables. Argentina fue uno de los últimos países de la región en acceder a las vacunas del laboratorio norteamericano, recién en septiembre de 2021 llegaron los primeros cargamentos.
Durante ese período, el Gobierno priorizó el acuerdo con el Instituto Gamaleya por la vacuna Sputnik V, una decisión que generó fuertes cuestionamientos internos y externos. Incluso circularon versiones sobre presuntos pedidos de coimas que nunca fueron aclarados
Lijo había archivado la causa al considerar que no existía una plataforma fáctica ni temporal para formular reproches penales, y que la elección de determinados laboratorios era una decisión política legítima. “Negociar con otros laboratorios mientras las tratativas con Pfizer no eran fructíferas no constituye, en sí, una maniobra ilícita”, argumentó.
Sin embargo, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la decisión, señalando que no se habían agotado las medidas de prueba y que “las demoras registradas en la negociación con Pfizer derivaron en una progresiva disminución de las dosis comprometidas, en un contexto de emergencia sanitaria”.
La Cámara Federal respaldó ese planteo y señaló que “los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes” para cerrar la causa. Además, advirtió que no se investigó con profundidad el proceso de adquisición con el resto de los laboratorios, lo que impide descartar un posible trato desigual hacia Pfizer.
La reapertura de esta investigación podría implicar nuevas citaciones y recolección de pruebas en una causa sensible que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de la pandemia por parte del kirchnerismo.