La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso contra José Fernando Orellana, actual legislador provincial de Tucumán, por el delito de abuso sexual simple. La decisión fue tomada tras desestimar un recurso de queja presentado por su defensa, por no cumplir con los requisitos formales establecidos por la Acordada 7/2004.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 11 de noviembre de 2016, en uno de los anexos de la Cámara de Diputados de la Nación. De acuerdo con la denuncia, una joven que trabajaba como secretaria de una legisladora ingresó al despacho del entonces diputado Orellana para comunicarle que tenía visitas en la planta baja. En ese momento, según consta en la causa, el legislador la abordó con comentarios inapropiados, la tomó de la mano, le pidió su número de teléfono y comenzó a besarla en la oreja sin su consentimiento.
El caso atravesó diferentes etapas judiciales. Inicialmente, en 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°6 dictó la falta de mérito, y esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) apelaron el fallo. Posteriormente, Orellana fue procesado y la causa llegó a juicio oral.
Durante el juicio, el fiscal Sandro Abraldes valoró como “veraz, verosímil y persistente en el tiempo” el testimonio de la denunciante. Además, se incorporaron grabaciones que confirmaban su ingreso y salida del despacho y un informe de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC), que daba cuenta del estado emocional de la joven tras el episodio. El fiscal sostuvo que Orellana se valió de su posición jerárquica como diputado nacional para intimidarla.
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, a cargo del juez Federico Salvá, dictó la condena a tres años de prisión en suspenso. Además, impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, ordenó la prohibición de contacto con la víctima y dispuso la extracción del perfil genético de Orellana para ser incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, según lo establece la Ley N° 26.879.
En sus últimas palabras antes del veredicto, Orellana negó los hechos y calificó la acusación como un intento de perjudicar su carrera política. Tras dejar su banca en el Congreso Nacional en 2019, asumió como intendente de Famaillá. Luego de finalizado ese mandato, fue electo legislador provincial, función que actualmente desempeña dentro del bloque oficialista. La intendencia de Famaillá fue ocupada por su hermano mellizo, Enrique Orellana.
En 2024, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la sentencia. El fallo indicó que, si bien el caso tenía particularidades por el contexto institucional, esas circunstancias no impidieron comprobar la materialidad del hecho ni la responsabilidad del acusado. La Corte Suprema completó el proceso al rechazar el recurso final de la defensa.